La Mesa de Protección a personas Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información expresó su preocupación por las agresiones contra miembros del gremio y el aumento de casos de despidos en medios de comunicación. Exhortaron a la Asamblea Legislativa a agilizar la discusión y aprobación de la propuesta de ley presentada recientemente.
El pasado 08 de noviembre miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Santa Tecla (CAM-ST) se enfrentaron a vendedores informales de la misma municipalidad, quienes esperaban se les permitiera comercializar sus productos durante la temporada en las calles de la ciudad.
Como resultado de estos enfrentamientos decenas de personas resultaron lesionadas, incluso se registran personas fallecidas. ¿La causa? Agentes del CAM utilizaron balas de fuego contra los manifestantes, cuando lo común es que sean balas de goma, que buscan solo reprimir las protestas.
Entre los agredidos se encuentran miembros de la prensa: los fotoperiodistas Oscar Machón de Diario El Mundo y Ricardo Segura de Diario Colatino. A Machón una piedra lo lastimó en una de sus rodillas causando heridas leves. El caso más grave es el de Ricardo Segura pues una bala cayó en su mochila la que, afortunadamente, lo salvó de lesiones de gran impacto, o incluso la muerte.
Tras la agresión, Ricardo Segura, acompañado de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue y deduzca quién fue la persona responsable de disparar.
La denuncia de Segura fue enviada a la Unidad Antipandillas de la FGR, pues la institución realiza un proceso de investigación de los incidentes ocurridos en Santa Tecla, decisión que ha puesto en alerta al fotoperiodista y a la Mesa de Protección a Periodistas. Esto pues están en juego varios factores, como lo explica Angélica Cárcamo, relatora de libertad de expresión de la APES.
“El poner el caso en manos de la unidad antipandillas podría vulnerar la seguridad personal del fotoperiodista, pues en ningún momento él ha puesto la denuncia contra alguna de estas organizaciones de pandillas o maras.”
El fotoperiodista expresó su preocupación ante esta acción fiscal.
Según explicó Loyda Robles de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), una de las organizaciones parte de la Mesa de Protección a Periodistas, es importante que la FGR individualice el caso pues por las características de la agresión deben deducirse responsabilidades, incluso de tipo institucionales, dijo:
“Es importante esa investigación que se haga, porque hay que determinar porqué se inician los disparos.”
Las agresiones contra periodistas en los últimos meses también se han extendido a otros ámbitos. La Mesa de Protección a Periodistas señaló que uno de estos casos es el de Nelson Rauda del periódico digital El Faro, quien fue agredido por un “supuesto” escolta del candidato de ARENA, Carlos Calleja, tras un conversatorio en la UCA.
Leonel Herrera, director Ejecutivo de ARPAS, dijo que este tipo de hechos atentan contra el libre ejercicio del periodismo.
“Son preocupantes esas muestras de intolerancia por parte de candidatos a cargos públicos que no les gusta responder a preguntas incómodas.”
Según Herrera, estándares internacionales de libertad de expresión plantean que el bloqueo al libre ejercicio del periodismo también afecta el derecho de la información de la población, por lo que dijo que este caso también merece una investigación de parte de las instancias correspondientes.
Mesa señala más despidos
Para la Mesa de Protección a Periodistas es también motivo de preocupación la situación laboral del gremio.
Datos de la APES revelan que en el último año más de 150 periodistas han sido despedidos de los medios de comunicación. Y, según prevén, la cifra puede aumentar.
De estos muchos casos no han tenido justificaciones válidas, otros siguen procesos ante el Ministerio de Trabajo, pero aún persisten los que no se conocen por falta de denuncia.
Marisela Morán, de la UCA y parte de la Mesa, habló sobre esta situación en vista de recientes despidos de periodistas en medios como Canal 10, Canal 8 y Diario 1:
“Esto no debe continuar así, llamamos a las empresas a que realmente den garantía a sus empleados, a los periodistas y a cualquier profesional de la información para mantener una estabilidad laboral.”
Frente a este contexto, entonces ¿qué debe hacer el gremio periodístico? Según Krissia Girón de la Colectiva de Mujeres Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información, la respuesta está en la organización.
“No es posible que sigamos naturalizando este tipo de agresiones, que sigamos diciendo que son gajes del oficio este tipo de agresiones y vulneraciones.”
Aunque las condiciones del gremio periodístico en El Salvador aún no son tan complejas y peligrosas como las que se enfrentan en países como México, Honduras o Guatemala –donde se registran casos de asesinatos- nuestro país no debe llegar a esos extremos, según la Mesa de Protección a Periodistas.
Ante esto urgieron a la Asamblea Legislativa a discutir y aprobar la propuesta de ley integral de protección a periodistas presentada recientemente, la que buscar ser un respaldo legal para quienes ejercen esta labor en El Salvador, por ahora desprotegida.
Norma Ramírez de ARPAS nos informa:
Fuente: Arpas
