La decisión de los magistrados Francisco Morales, Luz Pacheco y Gustavo Gutiérrez del Tribunal Constitucional del Perú de poner en libertad al ex dictador Alberto Fujimori ha encendido aún más el ya convulsionado panorama político peruano. En medio de la expectativa de que la liberación se haga efectiva en las próximas horas, la controversia sobre la validez de dicha sentencia se ha puesto de manifiesto entre los mismos miembros del Tribunal Constitucional. En las últimas horas de este miércoles 6 de diciembre el magistrado Manuel Monteagudo, miembro de este órgano jurisdiccional afirmó que no le fue consultado en la toma de esta decisión. Horas antes, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Ricardo Pérez Manrique ordenó al Estado peruano no ejecutar la resolución del Tribunal Constitucional hasta que se analice si cumple con las condiciones que estableció en abril del 2022. En ese entonces, la CIDH rechazó el pedido de libertad del ex dictador dado que no se cumplían los requisitos para que se dé el indulto humanitario. Aunque en la reciente resolución emitida por el Tribunal Constitucional, los magistrados reconocen que el Estado incumple lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirman, sin embargo, que está fuera de su competencia ordenar la ejecución o no de una sentencia a un tribunal nacional. Un mayor análisis sobre esta sentencia que ha vuelto a dividir a la ciudadanía peruana nos lo ofrecen nuestros compañeros de radio Yaraví de Perú quienes dialogaron con el abogado Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Reporta: Radio Yaraví. Arequipa-Perú
