El Congreso de la República aprobó la ley 31778, la cual autoriza a los titulares del Poder Legislativo, Poder Judicial y organismos constitucionales autónomos a elegir a sus respectivos procuradores sin intervención de la Procuraduría General del Estado (PGE).
Según la opinión de varios expertos, la ley, promulgada por el Gobierno de Dina Boluarte, resta responsabilidades al PGE, vulnera la democracia y pone en evidencia la toma de instituciones.
Cruz Silva del Carpio, abogada y Coordinadora de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal, analiza la ley que fue publicada el miércoles 7 de junio en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano.
Producción: Diana Sandoval desde Radio Cutivalú; Perú.
Fotografía: Congreso, Perú.
