Con la reciente promulgación de la Ley N° 32301, que modifica el marco legal de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), el gobierno peruano ha encendido las alarmas entre organizaciones indígenas, sociedad civil y defensores de derechos humanos. La norma -denominada por sus críticos como la “Ley Anti-justicia”- es percibida como un intento de restringir la libertad de asociación, limitar el acceso a la justicia y debilitar la labor de las organizaciones que reciben financiamiento internacional.
Lejos de garantizar mayor transparencia, como sostiene el Ejecutivo, la ley impone un control preventivo sobre las actividades de las organizaciones sociales y prohíbe el uso de fondos de cooperación para acciones legales contra el Estado. Esto representa una grave amenaza para comunidades históricamente vulnerables, especialmente los pueblos indígenas, quienes advierten que se busca silenciar sus denuncias y obstaculizar sus procesos judiciales ante instancias nacionales e internacionales.
Diversas voces han denunciado que esta norma pone en riesgo el trabajo de defensa de los derechos humanos, criminaliza la protesta social y blinda al Estado frente a demandas legítimas. La comparación con legislaciones autoritarias de países como Rusia o Nicaragua no es casual: la vaguedad de términos como “orden público” permite que cualquier crítica pueda ser sancionada, a discreción del gobierno.
A pesar de la promulgación de la ley por parte de la presidenta Dina Boluarte, la resistencia no ha cesado. Organizaciones indígenas y de derechos humanos continúan movilizándose, alertando a la comunidad internacional y preparando estrategias legales para impugnar una norma que, advierten, amenaza con cerrar aún más el ya frágil espacio democrático en el país.
Producción y fotografías: El Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
