A una década de la aprobación de la Ley de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia en Honduras, el país sigue siendo uno de los más peligrosos de la región para ejercer estas labores. Aunque se creó un Sistema Nacional de Protección, las agresiones y asesinatos continúan, y el Estado no ha logrado garantizar condiciones seguras para quienes defienden derechos y territorios.
Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH), recordó que esta ley no fue un regalo estatal, sino resultado de la lucha social frente a la violencia que enfrentan defensores y comunicadores. Sin embargo, la falta de presupuesto, voluntad política e independencia institucional mantiene al mecanismo de protección como una estructura burocrática lenta y débil, alejada de las necesidades reales.
Si bien hubo avances, como la descentralización parcial a territorios en riesgo, los cambios han sido insuficientes. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado el desinterés oficial y exigido reformas urgentes para que el sistema deje de ser solo una declaración de intenciones y se convierta en un verdadero respaldo para quienes defienden la vida y la tierra.
Acevedo advirtió que renunciar a este espacio sería un error. La tarea de las organizaciones y radios comunitarias sigue siendo presionar, denunciar y exigir que el Estado asuma su responsabilidad de proteger a quienes luchan por los derechos humanos. Mientras tanto, la impunidad sigue cobrando vidas en Honduras y en toda América Latina.
Producción: Iolany Pérez de Radio Progreso, Honduras.
