En 2020, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, emitió un decreto donde se prohíbe el uso de glifosato y maíz transgénico en el país. Sin embargo, por los tratados de libre comercio de México con Estados Unidos y Canadá, las presiones internacionales han impedido que se cumpla este decreto.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, emitió el pasado 05 de septiembre el “Informe Especial sobre el impacto de la introducción de Maíz Transgénico en los DESCA”. En el documento se señala que “el tema debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos, que valore la herencia biocultural del maíz y garantice la soberanía alimentaria del pueblo mexicano.”
El documento también indica que varias investigaciones apuntan los riesgos potenciales de toxicidad en órganos internos debido al consumo de organismos genéticamente modificados. Especialmente, en las comunidades indígenas que tienen una dieta basada en maíz y su posición es más vulnerable frente a estos efectos.
Las presiones internacionales de Estados Unidos y Canadá por preservar el maíz transgénico y el uso de glifosfato, violan los derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de las comunidades campesinas en México.
Para analizar el tema, desde Radio Huayacocotla, en México, Iván Fernández, dialogó con Víctor Manuel Shima, integrante de la campaña nacional ¡Sin Maíz no hay país!, una organización que reúne activistas campesinos, campesinas y defensores de derechos humanos.
