La declaratoria de conflicto armado interno emitida por el gobierno de Daniel Noboa en enero de 2024, destinada a enfrentar a grupos criminales organizados, ha traído consigo una secuela de violencia y atropellos a las comunidades fronterizas del norte de Ecuador. En las provincias limítrofes con Colombia, los patrullajes militares, amparados en el estado de excepción, se han convertido en una amenaza para campesinos e indígenas, quienes denuncian detenciones arbitrarias, torturas y estigmatización.
Francisco Varela, dirigente de la comunidad de Cochas del Betano, denunció públicamente la detención y agresión de dos jóvenes de su comunidad, a quienes militares acusaron sin pruebas de colaborar con grupos criminales. «A uno de ellos lo amarraron y torturaron, incluso intentaron ahogarlo para obligarlo a grabar un audio confesando delitos que jamás cometió», relató Varela. Según indicó, las tropas irrumpieron sin aviso, requisaron pertenencias y sembraron temor entre pobladores que apenas subsisten de la agricultura.
Otro testimonio estremecedor es el de Nicolás Pugachi, campesino de la parroquia Santa Elena, quien fue interceptado por militares mientras buscaba su ganado. «Me golpearon con fusiles, me rompieron la ropa, me amarraron, me amordazaron y me dejaron en el monte toda la noche. Cuando intentaba moverme por las picaduras de hormigas, me volvían a golpear», narró Pugachi, quien incluso temió ser ejecutado tras las amenazas recibidas. Solo la intervención de un médico militar evitó que su situación se agravara, tras una noche de tortura y abuso.
Organizaciones de derechos humanos y medios comunitarios han recibido múltiples denuncias similares en la región, donde comunidades campesinas y amazónicas quedan atrapadas entre los grupos criminales y la represión estatal. Habitantes de la zona exigen el cese de atropellos, respeto a su dignidad y una presencia militar que proteja, no que violente.
Informa: Víctor Gómez Barragán de Radio Sucumbíos, Ecuador.
