El Estado colombiano pide disculpas públicas a víctimas fronterizas afectadas por el conflicto armado

 

“Nos dividieron, nos inventaron unas fronteras, y eso también hace parte de la violencia estructural”. 

Enrique Rosales del pueblo pasto.

 

Comunidades indígenas ecuatorianas Ai´ (Cofán) presentes en el acto. Fotografía cobertura ALER/Ingrid Burgos

 

El 30 de noviembre de 2024, en el Puente Internacional de Rumichaca, frontera entre Colombia y Ecuador, se realizó un acto simbólico de disculpas públicas llamado “Reconocer para No Repetir”. El Estado colombiano, representado por la ministra plenipotenciaria María Ximena Estévez Bretón, reconoció su responsabilidad histórica por no haber garantizado la protección y los derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes, quienes han sufrido de manera desproporcionada los efectos del conflicto armado interno.

En su discurso, la ministra destacó la resistencia de los pueblos binacionales, particularmente:  Zio Bain (Siona), A’i (Cofán), Awá, Pasto y las comunidades afrodescendientes.

“Hoy extiendo a cada uno de ustedes un abrazo con un lo siento, lo sentimos profundo y lamentamos todo lo que han sufrido en el contexto del conflicto armado. Estamos a su lado, somos una nación”, expresó.

Este acto forma parte del Sistema Integral para la Paz (SIP), creado a partir del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). Dicho sistema busca esclarecer la verdad, reparar a las víctimas y garantizar que las violaciones a los derechos humanos no se repitan. Sin embargo, en algunas regiones del país el conflicto persiste, generando nuevos desplazamientos, asesinatos de líderes sociales y destrucción de territorios.

 

 

Comunidades fronterizas: voces de resistencia

Liodoro Hurtado Quiñónez, líder afrodescendiente del Proceso de Comunidades Negras (PCN) en Tumaco, Nariño, recordó la lucha histórica de las comunidades. “En los 90, agrupábamos líderes voluntarios para adelantar acciones comunitarias. La Constitución del 91 y la Ley 70 del 93 fueron logros fundamentales para el reconocimiento de nuestros derechos, pero aún falta mucho por hacer”, afirmó.

Hurtado también denunció cómo la deforestación, la minería a gran escala y la extracción petrolera siguen destruyendo los ríos y territorios ancestrales. “El problema no es solo el hombre con el fusil, sino quienes dan las órdenes. A veces las políticas públicas van en contra del buen vivir de nuestros pueblos”.

Enrique Rosales, representante del pueblo binacional Pasto, destacó la importancia de defender los derechos territoriales, espirituales y comunitarios de su pueblo milenario, subrayando que han sido designados como autoridades indígenas para dar voz a sus demandas.

“No solo es el conflicto armado, sin querer decir que no ha afectado porque nos han desplazado, pero también está la minería, el extractivismo y la imposición sobre nuestra autonomía. Esto se arrastra desde la colonia a una posible extinción física y cultural”, afirmó Rosales.

El líder indígena consideró que el acto de reconocimiento público, aunque simbólico, es un paso importante para visibilizar las complejidades que enfrentan los territorios del pueblo Pasto.

“El que no conoce su pasado está condenado a repetirlo, no obstante, esto no nos garantiza que no vuelva a ocurrir. Es responsabilidad del Estado generar las garantías necesarias y cumplir con su obligación constitucional de proteger la diversidad étnica y cultural”, afirmó.

El líder del pueblo milenario de Pasto, hizo un llamado a construir estrategias efectivas que aborden las causas de la violencia sistemática y permitan implementar planes de acción concretos.

“Este es territorio Pasto y, aunque nos imponen fronteras, para nosotros sigue siendo un territorio sagrado. Más allá de los discursos, debemos empezar a caminar la palabra, porque se trata también de actuar”, concluyó.

 

Proceso de Conformación de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo en el Acuerdo de Paz

En un esfuerzo por consolidar la paz en Colombia, Armando Valbuena Gouriyu, miembro del CSM (Comisión de Seguimiento y Monitoreo), explicó cómo se llevó a cabo el proceso de conformación de esta comisión, clave en el proceso del Acuerdo de Paz firmado en 2016.

El acuerdo final de paz, un acto legislativo que garantiza derechos universales, fue el punto de partida para la creación de instancias fundamentales en la construcción de una paz duradera, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Estas entidades tienen como objetivo garantizar justicia, esclarecer los hechos del conflicto armado y promover la reparación a las víctimas.

Valbuena Gouriyu subraya la importancia del cumplimiento de las recomendaciones emanadas de la Comisión de la Verdad, que busca esclarecer la responsabilidad de los actores del conflicto y contribuir a la reconciliación nacional. En este sentido, el miembro del CSM hizo un llamado al gobierno colombiano para que cumpla con los compromisos asumidos en el acuerdo, garantizando que las víctimas reciban justicia y reparación.

“La paz no solo se firma, se construye, y eso implica que el gobierno asuma la responsabilidad de implementar las recomendaciones y medidas necesarias para avanzar en la reparación de las víctimas y en el esclarecimiento de la verdad”, señaló Valbuena.

 

La paz en construcción

A ocho años del Acuerdo de Paz, las cifras siguen reflejando una realidad preocupante. La Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) registra a más de 9.702.869 millones de personas como víctimas del conflicto, sin contar a quienes han quedado fuera de los registros oficiales.

El Comité de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad ha insistido en que la paz solo será posible si se reparan integralmente los territorios, se supera el modelo extractivista y se garantiza la seguridad humana, protegiendo a las comunidades y a sus ecosistemas.

El acto en Rumichaca no solo representa una disculpa simbólica, sino también un llamado urgente a no olvidar. Reconocer la responsabilidad histórica del Estado colombiano y visibilizar las resistencias de los pueblos afectados es un paso fundamental para garantizar que las generaciones futuras no sufran las mismas violencias.

“Reconocer para no repetir” es un compromiso que exige acciones concretas para cerrar los ciclos de violencia y garantizar el buen vivir de los pueblos que, a pesar de las adversidades, siguen defendiendo sus territorios, su cultura y su dignidad.