El pasado 4 de septiembre, el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, informó su decisión de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), así como la prohibición de entrada al país de su comisionado jefe, dijo “el Estado de Guatemala no solicitará una prórroga más del mandato de CICIG; y a tendiendo la recomendación del Consejo de Seguridad Nacional, se tomó la decisión de prohibir el ingreso del señor Iván Velázquez Gómez por considerar que muchas de sus acciones ponen en riesgo el orden, la seguridad pública y la gobernabilidad del país.”
Las manifestaciones públicas encabezadas por dirigentes de diferentes organizaciones sociales y populares en las que recordaban y advertían “Jimmy Morales nos dijo: ni corrupto ni ladrón; yo le quiero decir al presidente Jimmy Morales: no nos da miedo”, generaron un clima de tensión en el país, entre estos sectores, que además exigían la actuación del Poder Judicial, y el Ejecutivo nacional.
Es así como, el pasado domingo 15 de septiembre, la máxima instancia del órgano judicial se pronunció, anunciando “la Corte de Constitucionalidad resuelve: el presidente de la república de Guatemala debe realizar las negociaciones con el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas hasta agotar las vías de diálogo. Segundo: permite el ingreso al territorio nacional del comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Ésta orden se considerará incumplida en el momento que no se permite el ingreso al territorio guatemalteco del comisionado.”
Al día siguiente del pronunciamiento de la corte, el ministro de gobernación, Antonio Degenhart y la canciller de Guatemala, Sandra Jovel, en conferencia de prensa, ratificaron que no se permitiría el ingreso al territorio nacional del comisionado.
La ministra Jovel informó “el presidente de la república me ha instruido remitir una nota diplomática a la Secretaria General de las Naciones Unidas para que proceda a enviar en las próximas 48 horas las propuestas para ocupar el cargo de comisionado o comisionada de la CICIG.”
Mientras que el ministro de gobernación aseguró “el ciudadano colombiano Iván Velázquez Gómez, no ingresará a territorio nacional.”
Este desacato la orden de la Corte Constitucional, constituye un delito, por lo que, tanto ciudadanos, como el procurador general, Jordán Rodas, solicitaron a las autoridades que actuaran, “solicitamos a la honorable Corte de Constitucionalidad dejar sin efecto la decisión adoptada por el presidente de la república, al desconocer al hoy comisionado. Que, al establecerse el incumplimiento de la resolución, se ordene la remoción del ministro de gobernación, Enrique Antonio Degenhart Asturias, así como de la ministra de relaciones exteriores, Sandra Joviel. Se ordene el encausamiento en materia penal contra el presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera.”
Ya el Ministerio Público informó que solo esperan que la Corte de Constitucionalidad confirme que la resolución está siendo desacatada para actuar, de ser así, los ministros serían destituidos inmediatamente y se iniciaría una investigación contra ellos y contra el propio presidente Jimmy Morales.
Mientras la Corte de Constitucionalidad resuelve, la ciudadanía vuelve a tomar las calles exigiendo que se respete el orden jurídico y no se provoque un golpe de Estado técnico, lo que significaría décadas de retroceso para la democracia guatemalteca.
Carolina Rivas de Fger nos informa:
Fotos: Nómada y CICIG
