El Estado de Guatemala debe defenderse ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI) por la demanda de 300 millones de dólares que interpuso la empresa minera Kappes Cassiday & Associates, en el caso La Puya.
Para la abogada Jennifer Moore del Centro de Estudios Políticos estas demandas permiten a las empresas ganar millones de dolores gracias a un sistema unilateral, en el que solo las empresas pueden demandar y quienes dictan sentencias son allegados suyos.
Guatemala, con anterioridad, pagó 249 millones de quetzales a dos empresas que le demandaron internacionalmente y se abstuvo a suspender los trabajos de Mina Marlin para evitar una demanda similar. Acción durante el Gobierno de Álvaro Colom.
Para el diputado del Congreso Leocadio Juracán el proceso de arbitraje internacional «es un claro chantaje orientado a presionar a la Corte de Constitucionalidad» y solicitó a las autoridades presentar mayores detalles sobre la estrategia para defender al Estado de Guatemala de la empresa minera.
Información con Carol Rivas de Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas- FGER
Fotografía: Centro de Medios Independientes con información de FGER
