Un país elogiado por muchas de las políticas públicas de los últimos años en materia de desarrollo humano está lejos de lo esperable en materia de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Todo a pesar de que en los últimos 14 años se sucedieron gobiernos progresistas, dos de Tabaré Vázquez y uno de José Pepe Mujica. En ese contexto la mayoría de los represores disfrutan de su libertad mientras son contados los casos en los que la justicia persigue estos delitos con eficacia. De 600 identificados sólo se encuentran 20 procesados con prisión, de los cuales 10 están encarcelados, siete en prisión domiciliaria y los tres restantes en otras situaciones. A la fecha hay sólo 21 causas pendientes de resolución y hay más de 200 causa abiertas en todo el país que están empantanadas. Nuestro compañero José Imaz desde La Cotorra FM de Montevideo preparó un informe especial que compartimos con toda América Latina en Contacto Sur.
