El dato fue revelado por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos durante el conversatorio “Criminalización de defensoras de derechos humanos y activismo mediático”. Es uno de los indicadores más graves de una situación de violencia que vive el país y que también alcanza a las mujeres periodistas.
Flor Goche, coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, explicó los 38 asesinatos relevados entre 2016 y 2016 “se derivan de su labor como defensoras”. Además detalló que de 2012 a 2014 esa organización “ha documentado 615 agresiones contra defensoras” y al comparar los datos con otros países de la región “México se encuentra en segundo lugar después de Guatemala, que registra 633 agresiones”.
Alejandra Ancheita directora del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc) recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos describió que hay una “grave crisis de derechos humanos que se vive en México, que ha sido caracterizada por una situación extrema de inseguridad y de violencia, en especial desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales y tortura, niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a los familiares y a las víctimas”.
Ella explicó que una parte de los crímenes puede ser atribuida a los grupos del crimen organizado pero muchos “fueron llevados a cabo por autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo la policía y algunas partes del ejército”.
Con respecto a la violencia contra las periodistas, Lucía Lagunes Huerta de la agencia Cimacnoticias contó que “hasta 2014 tenemos registrados 381 atentados contra mujeres periodistas, de los cuales 15 son feminicidio”. La mayor parte de estas mujeres que sufrieron atentados investigaban hechos de corrupción, entendida ya sea “como el mal uso de los recursos públicos, como la colusión del estado con empresas o con el crimen organizado”.
También se encontraban mujeres periodistas que investigaban trata de personas, explotación laboral, casos de femicidios y otro tipo de violaciones de derechos humanos.
Lagunes Huerta criticó el trabajo de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión porque “en una década no ha resuelto un solo caso, porque la mayoría los desecha porque no logra acreditar la relación entre la agresión y el trabajo periodístico”. Según explicó “el 60 por ciento de quienes agreden a las periodistas son funcionarios públicos como policías, militares, pero también las propias fuentes de información se vuelven nuestros agresores”.
