En Colombia 80 activistas de derechos humanos fueron asesinados en 2016.
Así lo reveló un informe de la organización Somos Defensores que registró además que hubo 327 amenazas, 49 atentados, 17 detenciones arbitrarias 17 y dos desapariciones entre otros hechos que tuvieron como víctimas a defensores y defensoras de derechos humanos en todo el territorio colombiano.
En declaraciones a Contagio Radio difundidas en Aler Contacto Sur, la abogada Diana Sánchez, integrante de Somos Defensores dijo que las agresiones en general disminuyeron en 2016 con respecto a 2015 “infortunadamente aumentó el número de homicidios, lo que significa que el derecho a la vida y a la integridad física sigue muy vulnerado para los defensores de derechos humanos”.
Sánchez detalló que “registramos 80 casos documentados de hombres y mujeres que fueron asesinados en distintos territorios del país, en todos los departamentos se registró al menos un asesinato de activistas de derechos humanos”. Según remarcó, “el 40 por ciento de esos 80 casos se registraron en el sur occidente del país, especialmente en El Cauca, un departamento altamente militarizado y nos preguntamos por qué si estos territorios están muy militarizados a los líderes y liderezas los están asesinando”.
Consultada sobre la posible relación entre el aumento del número de asesinatos y la implementación de los procesos de paz, Sánchez opinó que “no necesariamente” es automática. Sin embargo explicó que los crímenes y amenazas aumentaron, por ejemplo, tras el fracaso del plebiscito por la paz y tras las dos firmas de los acuerdos de paz de 2016. En su análisis “hay actores que atacan al movimiento social en la medida en que el movimiento social busca ser un actor muy importante en la implementación de los acuerdos de paz”.
La vocera de Somos Defensores también apuntó a la labor que realizan la fiscalía y las autoridades responsales en los terriotorios donde se producen asesinatos y amenazas contra defensores de derechos humanos porque “creemos que no están haciendo bien el papel”. Sánchez remarcó que “en los territorios hay poderosos intereses económicos y políticos y la fiscalía no se ha dado a la tarea de investigar a fondo quién está detrás de esos homicidios”.
La activista criticó que se diga que se trata de casos aislados y afirmó que “sí hay una sistematicidad, porque son 80 casos documentados de personas que efectivamente tenían un liderazgo reconocido y eran defensores de sus comunidades y sus territorios”.
