Recientemente la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución en favor de 6 familias víctimas de desplazamiento forzado interno a causa de la violencia por pandillas.
En la resolución se reconoció la existencia del problema en el país y se ordena a los órganos Ejecutivo y Legislativo a emitir protocolos de protección a las víctimas de este flagelo.
La decisión de la sala sobre el desplazamiento forzado sienta un precedente importante sobre el reconocimiento del problema, ya que desde el Estado era una deuda pendiente según consideración organizaciones de derechos humanos como Cristo Sal, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y Médicos del Mundo.
Celia Medrano de Cristo Sal explicó “la Sala también plantea en la sentencia que el sistema de protección a víctimas y testigos no puede quedarse únicamente en casos en los que ha habido una denuncia y se está penalizando y judicializando el proceso. Obliga, la sentencia de la Corta, a que el Estado brinde protección y asistencia a víctimas, aunque los hechos no sean denunciados. Eso le da a la víctima la calidad de tal, y no la obliga a generar procesos judiciales o penales”.
La sentencia de la Sala de lo Constitucional ordena que se creen leyes y políticas públicas a favor de las víctimas, algo con lo que El Salvador no cuenta actualmente según explica José María Tojeira, director del IDHUCA.
“Eso es lo que esperamos, que se avance de tal manera que los refugiados o desplazados internos tengan una calidad de atención con parámetros y estándares internacionales, que se les atienda como se les debe atender en medio de todas sus necesidades, que son psicológicas, a veces son físicas, a veces incluso económicas, porque tienen que salir de donde viven sin nada muchas veces. Entonces el Estado tiene que responder a este fenómeno tiene que prevenirlo y en ese sentido la Sala recomendaba un mayor control de territorio”, dijo Tojeira.
La Sala también obliga al gobierno a recuperar el control de los territorios donde hay presencia de pandillas, un problema, a juicio del director del IDHUCA, que debe generar también una calidad de servicios por parte del Estado para acompañar a las comunidades luego de la recuperación el control de estas.
Tojeira agregó que cree que “el Estado, cuando hablamos de control de territorio, no debe pensar que estamos en una guerra y que hay que controlar un territorio, sino que lo que hay desarrollar es realmente una calidad de servicios estatales que permita que el territorio esté bien acompañado y que la gente que está en el territorio esté bien servida, protegida, etc. Que la presencia del Estado no sea una presencia puramente central en el municipio urbano, sino que sea una presencia que toque todo el territorio.”
La Sala ha dado seis meses de plazo para la creación de estas soluciones por parte del Ejecutivo y el Legislativo, por lo que las organizaciones aseguraron que cuentan con un sistema de monitoreo sobre el desplazamiento forzado interno, para poder identificar a las víctimas y también para poder estar vigilantes del cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional.
Krissia Girón de ARPAS nos informa:
Fotos: El Nuevo Herald y EFE
