La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, señaló que 20 de los 25 casos fatales analizados de las protestas de inicio de año en Perú, podrían ser calificadas como “ejecuciones extrajudiciales” por el “uso generalizado de munición letal”.
El informe realizado por Amnistía Internacional, explica cómo “las autoridades peruanas habrían llevado a cabo ataques generalizados en contra de personas que se manifestaban con un marcado sesgo racista”.
Por su parte, la coordinadora Nacional de los Derechos Humanos (CNDHH), confía en que la presidenta Dina Boluarte, será sentenciada a prisión por las muertes y heridos que dejaron las protestas contra su gobierno.
Las manifestaciones contra Boluarte se llevaron a cabo entre diciembre de 2022 y enero de 2023 solicitando su renuncia, el cierre del Congreso, la convocatoria de elecciones inmediatas y la liberación del expresidente Castillo.
Reporta: Karol Macetas de Radio Yaraví de Arequipa, Perú.
Fotografía: ANRED
