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El pasado 17 de septiembre, el mundo estaba esperando con ansias el inicio de un juicio histórico: el primer juicio en el caso del asesinato de la defensora hondureña Berta Cáceres, donde iban a ser juzgados ocho personas acusadas de ser los autores materiales del crimen. Pero el juicio fue postergado debido a múltiples irregularidades perpetradas por el Tribunal de Sentencias de la Corte Suprema de Justicia de Honduras donde se iba a desarrollar.

Dado que la detención preventiva de cuatro de los imputados vence el 2 de noviembre, el Ministerio Público de Honduras tiene poco tiempo para resolver la situación y asegurar que el proceso se pueda llevar a cabo en las condiciones más justas posibles para las víctimas. A partir de esa fecha, los imputados tendrían que salir de la cárcel y continuar el proceso bajo otra medida cautelar como la prisión domiciliaria, por ejemplo.

«A pesar de todo el dinero que EEUU y Europa envían para financiar el sistema de justicia hondureño, tanto el Ministerio Público como los tribunales que han conocido el caso han fallado en investigar y llevar un proceso que cumpla con los estándares internacionales«, denunció el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en un comunicado el 10 de octubre. «El vencimiento del tiempo de la prisión preventiva por la negligencia de las autoridades, es una muestra más de la impunidad cabalgante y de la utilización del poder judicial como un instrumento político por parte del régimen en el poder.«

Berta fue ejecutada el 2 de marzo 2016 cuando coordinaba el COPINH. La mataron personas vinculadas a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), constructora de la represa hidroeléctrica Agua Zarca a la cual ella y el pueblo Lenca resistían, por lo que su caso se convirtió en el símbolo de la impunidad y la violencia que caracterizan el avance del modelo extractivo en territorios indígenas, campesinos y afrodescendientes de todo el mundo. De allí la lucha del COPINH y la familia de Berta de exigir justicia, pero «no a toda costa», si no con un juicio que permita develar el patron de actuación de DESA y del gobierno hondureño.

Desde el año pasado, han estado denunciando las múltiples violaciones a los derechos de las víctimas perpetradas por el Ministerio Público, como por ejemplo: violación del derecho de las víctimas al acceso a la información desde el inicio de las investigaciones, la falta de análisis de pruebas, la no entrega de la información digital recolectada en las oficinas de DESA, el rehuso a llamar a testificar a los dueños de DESA.

Pero ante la falta de respuesta del MP a las exigencias de las víctimas y la complicidad del Tribunal de Sentencias el cual quiere realizar el juicio a pesar de dichas irrgularidades, el COPINH y la familia de Berta tuvieron que emprender varios recursos legales al momento de iniciarse el juicio.

Recusaron al Tribunal de Sentencias, es decir que exigieron un cambio de tribunal para evitar que el juicio se desarrolle en condiciones injustas, por lo que se suspendió el juicio el 17 de septiembre. Desgraciadamente, esta recusación fue declarada sin lugar y ahora está en proceso de Apelación. «Esta recusación es la última oportunidad de que en el juicio existan condiciones adecuadas«, insiste Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta y actual coordinadora del COPINH. «Buscamos tener el acceso completo a la información digital que hasta ahora sigue incompleta ya que el Ministerio Público no termina de entregar todo la información«. 

Aparte, interpusieron cuatro amparos ante la Corte de Apelaciones para garantizar un debido proceso, ninguno de los cuales ha sido resuelto aún:

  1. Para exigir que el COPINH sea representado como víctima en el juicio. Este amparo fue admitido pero aún no resuelto. Sigue su curso, pero podría durar meses.
  2. Para exigir que sean incorporadas a las pruebas la pericia sobre los antecedentes del asesinato. Estos elementos son indispensables para evidenciar que el asesinato de Berta no fue fortuito sino motivado por intereses políticos y económicos amenazados por el trabajo de la defensora. Estos amparos no fueron admitidos, pero van a ser repuestos para que se reconsidere la decisión.
  3. Para exigir que toda la audiencia sea transmitida en vivo. Debido el carácter sintético del asesinato de Berta, es fundamental que las comunidades hondureñas así como las organizaciones nacionales e internacionales puedan dar seguimiento a las audiencias. Este amparo no fue admitido, ha sido repuesto y se está esperando la nueva decisión.

El COPINH insiste para que el juicio no se realice hasta que se resuelvan estos cinco recursos legales y existan las condiciones básicas necesarias para desarrollar un juicio justo que permita llegar a la verdad. Por ello aún no se tiene la nueva fecha de inicio del juicio. El riesgo es que para acelerar el proceso antes del plazo del 2 de noviembre, el Ministerio resuelve todos los recursos en contra del COPINH y la familia de Berta.

Por ello, ha surgido la iniciativa de sumar presión a través de la firma de esta petición para exigir un juicio justo y la difusión sobre el desarrollo y los retos del proceso, a través de la radio novela «Justicia Para Berta, Justicia Para los Pueblos» y el nuevo sitio http://berta.copinh.org/. Además, ante la fuerte campaña de represión y difamación que está sufriendo actualmente el COPINH por parte del gobierno y DESA, se ha reforzado la difunsión de información sobre la responsabilidad de la empresa DESA en el asesinato de Berta a través de la campaña #DESACulpable.

Este vierne 12 de octubre, día de la resistencia indígena, se llevarán a cabo tres eventos informativos:

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Fuente: Otros Mundos A.C.