En El Salvador, la derecha parlamentaria podría aprobar en la sesión plenaria de esta semana reformas a la Ley de Telecomunicaciones contrarias a lo que ordena la Sala Constitucional en su sentencia del pasado 29 de julio y violatoria de los estándares internacionales de libertad de expresión.
En un clásico «madrugón» los diputados de ARENA, PCN y GANA, que integran la Comisión Ad Hoc que estudia la sentencia de la Sala y las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, dictaminaron ayer a favor de una propuesta que menoscaba la libertad de expresión, el pluralismo informativo, la diversidad mediática y la deliberación democrática.
La propuesta, abanderada por el pecenista Mario Ponce, fue respaldada por los areneros René Portillo Cuadra y Karla Hernández y el «ganista» Mario Tenorio.
La propuesta únicamente plantea un concurso como mecanismo de asignación de frecuencias alterno a la subasta, sin reconocer legalmente los diferentes tipos de medios. Este concurso sería para las frecuencias locales (clara alusión a los medios comunitarios) que no podrán transferirse, «no generará ningún derecho» y ningún concesionario podrá tener más de una.
La reforma violenta claramente el principio de igualdad en el acceso al espectro radioeléctrico, pues establece límites a las «concesiones locales» (comunitarias) y ninguna restricción a las (comerciales) que se otorguen por subasta.
La propuesta también violenta los parámetros internacionales de libertad de expresión, sobre todo los «Estándares para una Radiodifusión Libre e Incluyente» elaborados por la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA que reconoce a los medios públicos, privados y comunitarios; establece reservas de espectro para los medios sin fines de lucro y prohíbe la concentración mediática.
Los diputados de derecha se apresuraron a dictaminar su propuesta, ignorando el llamado que ayer mismo hizo la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET). La Superintendenta Blanca Coto pidió esperar a que la Sala resuelva el recurso de aclaración presentado por la ReDCo y que el Ejecutivo presente sus propuestas de reformas.
Las organizaciones progresistas y los sectores democráticos deben revertir esta maniobra nefasta de la derecha legislativa que busca mantener el actual esquema mediático concentrado y evitar la democratización de las comunicaciones. El país necesita un marco legal que permita la construcción de un modelo de medios más plural y diverso.
Por Leonel Herrera, Secretario Ejecutivo de ARPAS