La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación envió una carta a la rectora de la UNAH, solicitando que se promueva un proceso de diálogo entre las/os estudiantes y las autoridades universitarias y poniéndose a disposición para acompañar este proceso. Asimismo, envió cartas a la Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, instándoles a que intervengan frente a la represión a la protesta social y a la criminalización de 75 estudiantes judicializadas/os en el país.
Siguen las protestas estudiantiles en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en contra de las nuevas normas de la Universidad, las cuales entraron en vigencia en mayo de 2016 y determinan el 70% como nota mínima para que las/os estudiantes universitarias/os aprueben las clases y permanezcan en el centro educativo, y además crean la polémica tabla de Unidades Valorativas (UVs), que tiene el objetivo de regular el acceso a la universidad, imponiéndoles a las/os estudiantes la matrícula condicionada al atendimiento de ciertos requisitos y niveles de “excelencia”
Asimismo, las y los estudiantes movilizadas/os luchan por una educación digna, pública, incluyente y de calidad, por más participación en la toma de decisiones en la universidad, por la desmilitarización de esta institución, y en contra de la privatización de la educación y de la represión, criminalización y abuso de autoridad contra las/os universitarias/os.
El viernes, 1º de julio, un fuerte contingente de la Policía Nacional y del Comando de Cobras ingresó a la Universidad, donde procedió a inspeccionar cada uno de los edificios para verificar los daños e identificar a las/os estudiantes en protesta. Mientras la operación de desalojo se producía en el edificio C1 de Ciencias Económicas, un grupo de estudiantes en medio de gritos y llantos fue desalojado de forma violenta. Las/os policías formaron una valla alrededor de las/os jóvenes hasta trasladarlas/os a varias patrullas [sepa más]. Asimismo, se habían librado órdenes de captura para 19 estudiantes de la UNAH y 75 responden a requerimientos fiscales debido a que fueron acusadas/os por las autoridades universitarias de haber practicado los delitos de sedición y usurpación de bienes inmuebles públicos, ante su participación en protestas y tomas de edificos de la universidad.
Desde el 2015, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) viene acompañando con preocupación y rechazo la sucesión de acontecimientos en Honduras, que se dan en el marco de un proceso de restricción a los movimientos estudiantiles y a la protesta social en defensa del derecho a la educación, difundiendo en septiembre de ese mismo año un comunicado, exigiendo la garantía y el respeto de los derechos humanos de todas y todos los estudiantes y miembros de la comunidad educativa. “Recordamos que el derecho de protesta social es un derecho reconocido en el marco del derecho internacional y regional de los derechos humanos, y reiteramos la existencia de estándares regionales de promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de protestas sociales que deben ser respetados”, afirma la campaña en este posicionamiento.
Asimismo, el 7 de julio de 2016, la CLADE le envió una carta a la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, solicitando la apertura de un proceso de diálogo en el marco de la reforma educativa que se propone en la universidad y manifestando su disponibilidad y disposición para apoyar en este proceso. En el marco de esta petición, ha también propuesto como figura facilitadora del diálogo y para integrar la mesa mediadora que podrá instalarse, Vernor Muñoz, ex Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la educación, extremo éste que ha sido aceptado por los y las estudiantes.
El Consejo Estudiantil Universitario de la UNAH también solicitó a las autoridades universitarias la instalación de una mesa de diálogo con mediadoras/es externas/os y la retirada de órdenes de captura contra las/os estudiantes movilizadas/os que han sido objeto de procesos judiciales.
Como respuesta a estas peticiones, en los últimos días se ha instalado una instancia de pre-diálogo entre estudiantes y las autoridades de la UNAH, en la que se ha intercambiado sobre la conformación de una mesa mediadora de acompañamiento, la cual estaría integrada, de parte de la UNAH, por el ingeniero Carlos Posas, el analista económico Mauricio Díaz Burdet y un testigo de honor que no fue confirmado. Por parte del Movimiento Estudiantil Universitario, se han elegido para mediar este diálogo: el ex relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación, Vernor Muñoz; la representante de los pueblos garífunas, Miriam Miranda; y en calidad de testigo de honor, el sacerdote hondureño Ismael Moreno Coto.
Sin embargo, no se ha podido avanzar en lo relativo a la eliminación definitiva de requerimientos fiscales para 75 estudiantes universitarias/os acusadas/os por sedición y usurpación de bienes inmuebles públicos, siendo éste el primer punto propuesto por el movimiento estudiantil como condición para acceder a la instalación del espacio de diálogo.
En este contexto, la CLADE envió cartas a la Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando que se pronuncien por la no represión y criminalización frente a la realidad de que hay 75 estudiantes judicializadas/os en el país.
En estas cartas, recuerda que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) expresó su preocupación, a través de un comunicado, por la judicialización de estudiantes debido a su participación en protestas y por el desalojo violento de las instalaciones de la UNAH.
Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Roberto Herrera Cáceres, ha expresado en diversos comunicados su preocupación por la situación, recomendando el diálogo como mejor instrumento para resolver la actual problemática universitaria, y ha subrayado que el derecho a la libertad de expresión y a la manifestación y protesta pacífica son derechos legítimos, inalienables, irreversibles, universalmente reconocidos, y que Honduras, como Estado de Derecho, está en la obligación de reconocerlos y garantizarlos, a través de sus instituciones, entre ellas la UNAH.
A su vez, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Plataforma Internacional contra la impunidad divulgaron un comunicado en que exhortan a las autoridades universitarias a que cesen en la represión y criminalización de la protesta, y que aseguren un diálogo respetuoso para resolver el conflicto universitario.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras también divulgó un posicionamiento público en que considera que la negativa de las autoridades universitarias a la participación de Miriam Miranda, Coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, propuesta por el MEU como parte de la comisión mediadora de la mesa de diálogo, tiene como objetivo principal obstaculizar las intenciones reales de superar la crisis. “Consideramos que las declaraciones de las autoridades para argumentar la no aceptación de la compañera Miriam Miranda revelan una vez más la visión clasista, racista, colonialista y misógina que caracteriza al poder dictatorial”, afirma la Red.
La CLADE seguirá acompañando estos intentos de diálogo e instando para que se llegue a una solución pacífica, de manera a garantizar la autonomía de la universidad pública y el involucramiento de toda la comunidad universitaria en los procesos de toma de decisión.
