Javier Barrios / IRFA – Venezuela *
La migración en Centroamérica, las dramáticas historias de personas migrantes en Estados Unidos y el caso de personas venezolanas migrantes se convierten en retos inmensos para la región. Estamos ante la presencia de una crisis migratoria que afecta la vida los pueblos y el derecho de los y las migrantes.
¿Qué implica realmente la crisis migratoria para América Latina y El caribe en tiempos de COVID-19? Por una parte la comunidad internacional ha demorado en reaccionar de manera solidaria y oportuna para prestar apoyo a las personas migrantes y por otra, los tratamientos periodísticos de las grandes corporaciones mediáticas no han respondido con ética y respeto a los derechos humanos.
En este sentido, el Consejo de Educación Popular de América Latina (CEAAL) y Asociación Latinoamericana de Comunicación y Educación Popular (ALER) realizaron un Webiradio para conversar sobre Geopolítica, migraciones, desplazamientos y pandemia con experiencias desde Estados Unidos, Frontera Colombo – Venezolana, Argentina y México.
El encuentro virtual tuvo la participación de Xanat Sobrevilla como representante en Estados Unidos de Comunidades Organizadas contra las Deportaciones (OCAD)– Unión Latina; Carlos Krisch desde la frontera colombo-venezolana, Coordinador Regional de la Red binacional de Reporteros Entre parceros y panas, que impulsa el Grupo Comunicarte, WACC- ELCA e IRFA; desde Argentina Valeria Chiaveta y Rosa Goldar con la Asociación Ecuménica de Cuyo, Clínica de Derechos Humanos y migraciones – FEC Mendoza; a Mariana Zaragoza desde México por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Programa de Asuntos Migratorios y Red Jesuita con Migrantes; y como moderadora desde Argentina a Cristina Cabral, vicepresidenta del Foro Argentino de Radios comunitarias FARCO, integrante de Radio Encuentro y Docente.
Derecho de las personas migrantes
Xanat Sobrevilla de Estados Unidos señala que los derechos de las personas migrantes en el contexto actual de la pandemia van de mal en peor. Comentó que desde el 2011, se organizan en Estados Unidos “deportaciones de seres queridos individuales, de personas, encarcelamientos, detención y criminalización que es el gran problema que nos lleva a las deportaciones”. Inclusive “cuando se elige a Trump como presidente ya estábamos viendo y viviendo un Estado donde 1 de cada 100 personas están en las cárceles, 35.000 a 45.000 personas están en detención o proceso de deportación; y vemos ataques o abusos policiales en especial a la gente de color, es decir incluye a los latinos y a los inmigrantes”. Al entrar la pandemia el “apoyo y la lucha contra las deportaciones no sólo se había empeorado con Trump, desde el 2016; también el poder colectivo, para que migración use su discreción”. “Los trabajadores migrantes tenemos que afrontar más los riesgos; son en esencia trabajadores esenciales: de limpieza, de cuidado, de tiendas, trabajos de alto riesgo; sino contribuye al desempleo. El apoyo de emergencia por fondo de gobierno se excluye a nuestra comunidad. No solamente a los inmigrantes, también a los familiares”.
Carlos Krisch, desde la frontera colombo-venezolana opina en función a las personas retornadas, y reflexiona “¿por qué una población catalogada como vulnerable ha decidido retornar a un país del que supuestamente salieron por una situación económica, política, social muy fuerte?”, señala que “hay dos tesis: ambas son violatorias a los derechos huamnos, una es que falta una verdadera política de inclusión sociocultural, y a falta de ésta se acrecentó la vulnerabilidad de esta población; el Estado Colombiano viola un conjunto acuerdos internacionales… la segunda tesis tiene que ver con la desinformación, la xenofobia y la falta de una red de apoyo que convierte esto en un combustible para que el retorno se acreciente”. “Existe mucha lucha de poderes y protagonismo entre las organizaciones internacionales que brindan ayuda; pues la gente no se entera del apoyo”.
Rosa Goldar considera que “se expresa un mundo multipolar y en el cual los gobiernos de las distintas potencias y las corporaciones de esos países han tomado una preponderancia de una cuarta Revolución Industrial, en el marco de lo que significa el mundo de la información, y del control de la “big data” y por el control e interés del capitalismo actual en ejercer ese control… otro elemento que colocó la pandemia es el cierre de fronteras, y en ese sentido el derecho de las poblaciones migrantes se ha visto vulnerado desde los distintos países. Han recrudecido todas las formas de xenofobia, discriminación, visualización de las situaciones de pandemia… en el caso de ALER y las organizaciones populares el reto es el fortalecimiento de poblaciones de migrantes a nivel territorial, como incidencia del derecho en las políticas públicas… fundamentalmente hay que resaltar el papel que deben cumplir las organizaciones internacionales y ojalá la ONU”.
Por su parte, Mariana Zaragoza cuestiona la polémica si hay demolición de fronteras o demolición de derechos Humanos, cree que “en toda nuestra región, en el mundo, en México y en Centroamérica ya veníamos enfrentando un contexto bastante complicado en donde el gobierno de Estados Unidos prácticamente estaba consolidando su proyecto de exterminación de las fronteras hacia nuestra región. En el caso de México del 2019, específicamente en junio por las presiones comerciales, nuestro gobierno aceptó esas condiciones, y puso por encima los acuerdos comerciales de los derechos humanos de las personas migrantes, para terminar de consolidar la externalización de fronteras, por la externalización del asilo… en el contexto del COVID-19 esto se agrava, y provoca que el contexto de la población sea más delicado, se recrudece esa política que quería imponer desde antes… miles de personas se encuentran en la espera, en un limbo, en lo jurídico de desprotección; nos estamos enfrentando en el desmantelamiento de todos los procesos de derechos humanos de población migrante”.
¿Qué papel cumplen las organizaciones sociales y populares ante esta situación?
Desde las organizaciones populares, se tienen que reconocer a las personas migrantes como sujetos políticos; esto quiere decir alejarlos de este lugar de víctima, de personas débiles; sino por el contrario son agente que deciden sobre su propia movilidad humana y que van persiguiendo como objetivo mejorar sus condiciones de vida; esto implica reconocer los derechos del lugar donde residen… trabajar desde las organizaciones populares, no implica hacer un recitado de los derechos que las personas tienen a modo de decálogo o índice, sin vincularlo a las condiciones humanas donde el no ejercicio del derecho promueve indignación, en este sentido, trabajamos desde la perspectiva de ver a los derechos como conquista, como luchas sociales para los cuales son reconocidos hoy de luchas de muchos años de la población migrante, académicos, organizaciones… por otro lado, la formación para la acción política implica acción directa, experiencia concreta, de diálogo de lo local-nacional-regional”.
Indispensable considerar
- Ningún ser humano es ilegal, todos los derechos para todas las personas migrantes.
- Construyamos una comunicación que nos hermane.
- Solidaridad sin fronteras.
- Las vidas trans importan y las vidas negras también importan.
- Sin medios comunitarios no hay democracia; una real es la que incluya a todas las ciudadanas y ciudadanos.
El COVID-19 demuestra que el virus afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables, entre las que se encuentran los y las migrantes, aumenta el miedo a los y las pobres (aporofobia) y sectores excluidos, marginalizados, provoca el cierre de fronteras y una mayor discriminación.
La llegada de COVID-19 ha planteado un reto histórico para el mundo y para los países América Latina y el Caribe, en particular para las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, son tiempos de solidaridad, integración, alianzas y trabajo en equipo para brindar apoyo desde la educación y comunicación a los pueblos.
*Apoyo F.Y.C. Bastidas
