Violencia contra comunicadores es moneda corriente en Guatemala
En ese país centroamericano los comunicadores y comunicadoras comprometidos con las causas populares viven en un clima de hostigamiento y de amenaza. El compromiso se suele pagar con graves agresiones, con torturas o directamente con la muerte. La libertad de expresión no está garantizada, el estado no brinda protección y en la mayoría de los casos la justicia no da la respuesta deseada.
El caso del periodista Oswaldo Ical, revela la situación real a la que se enfrentan las y los comunicadores sociales en Guatemala.
Ical ejerce la profesión en el departamento de Quiche, un lugar golpeado fuertemente tras el genocidio Ixil cometido en el gobierno de facto de Ríos Montt. Un lugar en el que, aunque la justicia lo niegue, se cometen actos de tortura como los vividos por Oswaldo Ical.
En el país tan solo el año pasado se reportaron 86 ataques a periodistas relacionados con amenazas de muerte y coacciones, abuso de autoridad, agresión sexual y asesinato.
Los presuntos responsables –en su mayoría– son funcionarios públicos y el único caso que ha llegado a una sentencia es el de Ical. Él mismo ha sufrido más agresiones que no han sido investigadas. Ha sido, para Ical, la misma inoperancia del sistema la responsable de que él y otros comunicadores sean atacados por autoridades, miembros de grupos delictivos y la población misma.
Desde 2015 tras una serie de asesinatos a comunicadores sociales se propuso la creación del programa de protección a periodistas, el cual aún no se implementa. Oswaldo Ical recuerda cómo, gracias a organizaciones sociales y no a las autoridades, su caso llego a tribunales
Insultos, amenazas, agresiones y asesinatos son parte de los riesgos a los que se enfrentan las y los comunicadores en Guatemala, aun así Oswaldo Ical, continua trabajando desde la verdad de los pueblos.
El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Informe: Carolina Rivas – Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónica (FGER).
