La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (Clade) tuvo una activa participación en la Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe que se realizó esta semana en Buenos Aires. En declaraciones a Contacto Sur, la coordinadora general de la Clade, Camila Crosso, aseguró que “la región se puso más conservadora, tuvimos un golpe de estado en Brasil” y por eso “teníamos como reto importante no retroceder” a la hora de la declaración final del encuentro.
El objetivo de la reunión fue hacer seguimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, concretamente en relación al Objetivo número 4 de que es “Garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos”.
Croso explicó que “frente a un contexto mucho más difícil como el que tenemos ahora sabíamos que era dificil avanzar más, pero sabíamos también que nuestros esfuerzo era que no hubiese retrocesos”. En tal sentido explicó que por ejemplo “tuvimos que pelear muchísimo para que no se retirara de la declaración final el concepto de gratuidad educativa. El caribe quería retirarla, fue una pelea dura que demoró horas pero por presión de la sociedad civil y el apoyo de Cuba y Perú” se pudo mantener.
La participación de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación permitió que los ministros tuvieran que escuchar la voz de la sociedad civil.
En relación al cambio político que se vive en América Latina, la dirigente de la Clade expresó que “lo que nosotros observamos en esta movida tecnócrata economicista que nos aleja de la educación entendida como derecho humano fundamental es la ausencia de los sujetos de la comunidad educativa, principalmente de los estudiantes” en la definición de políticas públicas.
Justamente ese fue uno de los planteos realizados a los ministros presentes porque “docentes y estudiantes no son tenidos en cuenta a pesar de que son los están peleando por una educación crítica, liberadora, emancipadora, reflexiva y su presencia se hace fundamental”.
El encuentro de ministros de Educación se dio en un contexto en el que países como Brasil o Argentina aplican políticas que van en sentido contrario a una educación inclusiva entendida como derecho fundamental. En Brasil el gobierno de Michel Temer congeló la inversión estatal por 20 años, incluida la que se destina a educación. En Argentina el gobierno de Mauricio Macri cerró programas socioeducativos y despidió a cientos de trabajadores de la educación.
