Las reformas que impulsa el gobierno de Mauricio Macri parecen ir en una sola dirección: beneficiar a los empresarios a costa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
La reforma laboral que intenta imponer Macri tras su triunfo electoral, elimina por ejemplo la posibilidad de trabajar horas extras a cambio de un pago extra; perdona las multas para los empresarios que tienen empleados sin registrar; hace que la indemnización por despido la tenga que pagar el trabajador con su propio ahorro, cuando hasta ahora debía correr por cuenta del patrón; reduce el monto de las indemnizaciones; facilita al empresario el despido del empleado y las contrataciones temporales.
El rechazo de las centrales obreras fue rotundo y se espera que se haga sentir en las calles cuando el gobierno intente aprobarlo en el Congreso.
Desde el gobierno ahora dicen que están viendo puntos para acordar con la Confederación General del Trabajo (CGT), principal central obrera y con los empresarios.
La reforma es bienvenida por las grandes empresas porque intenta poner en pie de igualdad al trabajador con el empresario, que por naturaleza tienen una relación desigual en la que uno tiene el poder del capital y el otro su fuerza de trabajo. El proyecto intenta cambiar el principio conocido como “in dubio pro operario”, que significa que ante la duda la justicia debe proteger al trabajador, la parte más débil, y no al empresario.
Las pequeñas y medianas empresas, que dan empleo a 8 de cada 10 trabajadores en el país, se oponen a la reforma y aclaran que el problema no son los costos laborales sino políticas como los tarifazos de servicios públicos, la baja del consumo popular y el ingreso de productos importados que compiten con ellos en forma desleal.
Otro de los puntos preocupantes del paquete que se trae el gobierno de Mauricio Macri es la fuerte reducción de los aportes que hacen los empresarios a la Administración Nacional de la Seguridad Social, la Anses, un organismo que, según explica el economista Andrés Asiaín, recibiría de los sectores patronales la mitad de lo que recibe hoy.
La excusa para estas medidas es generar más empleo, más puestos de trabajo. Una excusa vieja para una receta vieja que ya provocó todo lo contario en el anterior período neoliberal, en los años 90.
El gobierno intentará llegar a acuerdos para aprobar la reforma laboral en el Congreso donde no tiene mayoría para hacerlo. Más allá de lo que hagan los dirigentes sindicales más dialoguistas de la CGT, se espera una resistencia en las calles de las demás centrales obreras, sindicatos y movimientos sociales.
