La trata de personas sigue siendo una de las violaciones más graves a los derechos humanos en América Latina, y en Brasil afecta con especial fuerza a mujeres, niñas, niños, adolescentes y pueblos indígenas. Desde la región amazónica, organizaciones eclesiales y de la sociedad civil alertan que este crimen está profundamente naturalizado y muchas veces permanece oculto bajo falsas promesas de empleo o estudio. El miedo, las amenazas y la falta de políticas públicas efectivas alimentan el silencio de las víctimas y favorecen la impunidad.
Frente a esta realidad, la Comisión Eclesial Especial de Lucha contra la Trata de Personas de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil articula un trabajo en red que combina prevención, formación, incidencia política y acompañamiento a comunidades vulnerables. A través de seminarios, campañas y la formación de multiplicadores en parroquias, diócesis y colectivos, se busca visibilizar este delito y generar conciencia en la sociedad. Herramientas como el folleto Tras las huellas de la lucha contra la trata de personas, disponible en portugués y español, han sido clave para informar y sensibilizar.
En este esfuerzo se suman organizaciones como la Red Un Grito por la Vida, que cumple 18 años trabajando contra la trata y la explotación, y el Servicio Pastoral de Migrantes, que en estados fronterizos como Roraima acompaña a poblaciones desplazadas y refugiadas. Ambas iniciativas destacan que los grupos más expuestos son las comunidades indígenas, ribereñas y periféricas, donde la falta de protección territorial facilita los engaños y la explotación. La triple frontera en Roraima se ha convertido en un punto crítico donde confluyen migración, pobreza y redes delictivas.
Las defensoras y agentes pastorales llaman a la sociedad a mantenerse vigilante y a no guardar silencio. Señalan que la prevención empieza en la vida cotidiana, detectando señales de riesgo y denunciando cualquier situación sospechosa. En Brasil, se puede hacer de manera anónima a través del número 100. “No se trata de cifras, se trata de personas y de la defensa de la vida”, subrayan. En las comunidades, escuelas y radios populares, la voz de alerta y la solidaridad son la primera barrera frente a un delito que crece en las sombras.
