San Salvador vivió una jornada histórica con la entrega de más de 58,000 firmas a la Corte Suprema de Justicia para exigir la inconstitucionalidad de la Ley General de Minería Metálica.
La acción, impulsada por organizaciones ambientales y de derechos humanos, se sumó a las más de 150,000 firmas que previamente entregó la Iglesia Católica. La movilización estuvo marcada por el simbolismo del 45° aniversario del martirio de San Óscar Romero, reafirmando la lucha popular contra la minería en el país.
Amalia López, una de las líderes de la iniciativa, destacó la participación masiva de comunidades que se trasladaron desde distintas regiones del país para sumarse a la entrega. «Cada firma tiene rostro, tiene una historia, es la voz de la gente diciendo ‘no a la minería'», afirmó. La jornada no estuvo exenta de dificultades, pues la seguridad del recinto judicial mostró resistencia a recibir la documentación, lo que refuerza la percepción de una falta de voluntad política para atender el clamor ciudadano.
La oposición a la minería metálica no es nueva en El Salvador. Desde 2017, el país fue pionero en prohibir esta actividad debido a sus devastadoras consecuencias ambientales y sociales. Sin embargo, el actual gobierno ha mostrado intenciones de reactivar la explotación minera, lo que ha encendido alarmas en sectores ambientalistas y comunitarios. «La minería no es una opción de desarrollo, es una amenaza para nuestros territorios», denunció López.
El rechazo a la minería se enmarca en un contexto más amplio de preocupación por la falta de transparencia y participación ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales. La aprobación de la ley en diciembre pasado, en plena época festiva, y su sanción inmediata por el Ejecutivo sin debate público, han sido señaladas como prácticas antidemocráticas. Organizaciones sociales insisten en que el país necesita alternativas económicas sostenibles que respeten el medioambiente y la vida de las comunidades.
Producción: ARPAS, El Salvador.
