Con la suspensión por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) el financiamiento en varios países de América Latina ha tenido efectos inmediatos: varias organizaciones sociales se han visto obligadas a cerrar o reducir sus actividades de manera drástica.
Al mismo tiempo, este cambio expone una contradicción de fondo: mientras se cuestionó la injerencia política que puede implicar el financiamiento de USAID, su retirada demuestra el poder que tiene sobre la continuidad de proyectos sociales y populares.
Para profundizar sobre el tema, en el programa voces sobre la mesa, Iolany Pérez dialogó con Claudia Terán, abogada especializada en derechos humanos, y coordinadora del Programa Defensoras y Defensores de Derechos de la red UNITAS en Bolivia.
Aunque en Bolivia la presencia de USAID ha sido mínima por decisión estatal, hay una preocupación creciente por el retroceso de libertades fundamentales. La cooperación —no solo la estadounidense— ha sido vital para sostener agendas comunitarias como el acceso a derechos digitales, la lucha contra la violencia, los derechos sexuales y reproductivos, y la libertad de asociación.
Tal como señaló la abogada Claudia Terán hay que reaprender a vincularse con las comunidades, buscar modelos éticos de autofinanciamiento y fortalecer alianzas desde la soberanía organizativa.
Producción: Ingrid Burgos, ALER.
