Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado las nuevas disposiciones migratorias del gobierno dominicano, que permiten la detención y deportación inmediata de mujeres haitianas después de dar a luz en hospitales públicos. Esta práctica, considerada una violación a los protocolos internacionales de derechos humanos, ha generado indignación en sectores sociales y eclesiales, sobre todo por los casos registrados en zonas fronterizas como Dajabón, donde incluso se han reportado niños abandonados tras la detención de sus padres.
El trasfondo del conflicto migratorio entre República Dominicana y Haití está profundamente marcado por una historia de tensiones nacionales, racismo estructural y desigualdades sociales. A pesar de que la economía dominicana depende en gran parte de la mano de obra haitiana, especialmente en sectores como la agricultura y la construcción, las políticas actuales priorizan un discurso de seguridad nacional y presión política interna, dejando de lado el enfoque humanitario. Las imágenes de mujeres parturientas detenidas han movilizado a distintos sectores de la sociedad civil a exigir un cambio de rumbo.
Desde la iglesia católica, algunos obispos han alzado la voz, aunque aún no existe un pronunciamiento oficial por parte de la Conferencia Episcopal Dominicana. En un contexto donde la migración se instrumentaliza políticamente, diversos actores eclesiales y sociales han insistido en la necesidad de una «ética de la migración» y en la responsabilidad del Estado dominicano y de la comunidad internacional frente a la crisis humanitaria que vive Haití. Llaman a promover el diálogo y la solidaridad por encima de la criminalización y el abandono.
Producción: Alexander Vallejo, Julio Pernús de Radio Magis, República Dominicana
