El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, impulsaron una reforma constitucional que modifica de manera significativa el sistema político del país. La reforma, aprobada a finales de este año, permite que la pareja presidencial permanezca en el poder de forma indefinida, reduciendo las posibilidades para otros partidos políticos o aspirantes a la presidencia.
Entre los cambios más destacados, la reforma extiende el período de gobierno de cinco a seis años y establece que cualquier partido político que desee participar en elecciones debe demostrar un «historial revolucionario». Esta condición, según analistas, limita la participación de nuevas agrupaciones políticas, favoreciendo únicamente al oficialismo.
Además, la nueva Constitución otorga al ejército un papel activo en el control del orden interno y de la disidencia política, una función que no estaba contemplada anteriormente, ya que las fuerzas armadas tenían como misión principal la defensa nacional y la seguridad en las fronteras.
Durante su intervención en medios oficialistas, la vicepresidenta Rosario Murillo defendió las reformas como necesarias para garantizar la “paz y estabilidad del país”. Murillo aseguró que estas modificaciones son un “derecho soberano del pueblo nicaragüense”.
Por su parte, opositores y líderes en el exilio han rechazado enérgicamente las reformas. El dirigente opositor Juan Sebastián Chamorro afirmó que estas modificaciones “formalizan los abusos cometidos en los últimos años” y consolidan el control absoluto del poder por parte del gobierno de Ortega y Murillo.
Diversos sectores de la oposición en el exilio han solicitado a la comunidad internacional tomar acciones contundentes frente a lo que describen como un proceso que elimina la democracia en el país. Los opositores reiteraron su compromiso de continuar demandando cambios políticos en Nicaragua hasta lograr el retorno de la democracia.
Producción: Coordinación General ALER
