El pasado 4 de agosto, el Obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, cumplió un año de estar privado de libertad. Los primeros 15 días estuvo retenido en el Palacio Episcopal en Matagalpa, a 2 horas al norte de Managua y posteriormente fue trasladado a la capital, al centro de Auxilio Judicial conocido como El Chipote, denominado por organismos de derechos humanos como lugar de tortura. A inicios de este año, fue llevado directamente a la cárcel Modelo, a la celda de máxima seguridad, conocida como El Infiernillo.
Al cumplirse un año del arresto del Obispo Álvarez, diversas voces de la Iglesia Católica, organizaciones de Derechos Humanos en el exilio, grupos opositores, así como familiares y amigos, siguen demandando su libertad.
La investigadora de temas religiosos Martha Molina documentó en tres investigaciones, que durante 2018 hasta abril de 2023 se registraron más de quinientos ataques a la iglesia católica.
El gobierno de Ortega acusa a la Iglesia de haber apoyado el levantamiento popular de abril de 2018. Sin embargo, la iglesia argumenta que solo trata de mediar la situación para evitar mayor derramamiento de sangre y acompaña a las personas que sufren por el conflicto político que vive el país.
El sacerdote Erick Díaz, integrante de la Diócesis de Matagalpa y exiliado por amenazas de cárcel, también se pronunció y lo recordó con fe y con la esperanza de que recupere su libertad.
Hace menos de un mes, se conoció de supuestas negociaciones entre el gobierno de Ortega con el Vaticano, y extraoficialmente se supo que el gobierno quiere expulsar del país al Obispo.
Fotografía: Monseñor Rolando Álvarez
