En Nicaragua las organizaciones de derechos humanos contabilizan 57 personas presas políticas de las cuales 14 se encuentran en condición de desaparición forzada debido a que su familia no sabe dónde ni en qué condiciones se encuentran.
El gobierno de Daniel Ortega no responde a los señalamientos de la sociedad civil exiliada tampoco da cuenta a los reclamos de organismos de derechos humanos internacionales que exigen información sobre estas personas.
Ortega acusa a los organismos internacionales de derechos humanos como injerencista y no da cuenta a las familias sobre las condiciones de las personas presas políticas.
Producción: ALER.
