La criminalización de la protesta social es un fenómeno frecuente en América Latina y El Caribe, durante las últimas décadas tomó mayor fuerza, y Panamá es uno de los rostros más visibles.
La represión se convirtió en una herramienta recurrente dentro de la estrategia política de diversos gobiernos, utilizada con el objetivo de debilitar el tejido social. Estas acciones se implementan mediante tácticas de difamación, deslegitimación y judicialización, argumentando razones de seguridad ciudadana.
Tanto las administraciones gubernamentales pasadas como las actuales en Panamá, recurren a diversas medidas para silenciar la voz de los líderes sociales y cualquier individuo que participe en protestas.
Las mismas van desde la represión violenta durante manifestaciones populares hasta el hostigamiento y la apertura de expedientes judiciales, donde se acusa a los manifestantes de delitos contra la seguridad colectiva, terrorismo, delitos contra el patrimonio económico y la seguridad del Estado, entre otros.
La huelga nacional de noviembre de 2023 contra la minera First Quantum Minerals, es un claro ejemplo de lo que se vive en Panamá. Durante las jornadas de protestas, quedó en evidencia la criminalización de la protesta social en Panamá. La represión y judicialización, fueron estrategias para silenciar y desvirtuar las demandas de las y los manifestantes.
La criminalización de la protesta social no solo atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica; sino que también obstaculiza el desarrollo democrático y la construcción de una sociedad justa e inclusiva.
Es fundamental que tanto los gobiernos como la sociedad en su conjunto reconozcan y respeten el derecho legítimo de las y los ciudadanos a expresar sus opiniones y demandas de manera pacífica, sin temor a represalias ni persecuciones judiciales
Informa: Olmedo Carrasquilla II. Radio Temblor Internacional, Panamá.
Fotografía: Radio Temblor Internacional, Panamá.
