«El Estado es el principal violador de los Derechos de la comunidad LGBTIQ+», indica Gabriela Dávila, asesora de la Asociación Gente Positiva. El acceso a la justicia para las personas de la diversidad sexual, entre las que se consideran lesbianas, gays, bi y transexuales, queer, no binaries y más, es una deuda pendiente del Estado, tanto en el organismo Judicial como el resto de sus instancias, ya que, los crímenes de odio o transfobia, los tipifica como sucesos comunes.
Actualmente, desde las instituciones del Estado se promueven las terapias de conversión, las cuales se sustentan en la falsa creencia de la rehabilitación social para “retornar” a la identidad original, lo cual desconoce y vulnera el derecho a la autodeterminación de las personas con identidades diversas. Ante esta situación, desde la sociedad civil organizada se impulsan estrategias de comunicación para sensibilizar a la población guatemalteca sobre los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ+.
Conducción: Marco Antonio Hernández Arévalo
Producción: Juan Pablo Montenegro Rojas, FGER – Guatemala
