Familiares de migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos y recluidos en El Salvador denunciaron públicamente las graves violaciones a los derechos humanos de las que han sido víctimas sus seres queridos. En entrevista con Voces sobre la Mesa, Joana Sanguino y Gabriela Mora, tía y esposa de dos de los detenidos, relataron cómo, tras ingresar legalmente a Estados Unidos, sus familiares fueron arrestados y trasladados sin previo aviso al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la cárcel de máxima seguridad construida por el gobierno de Nayib Bukele.
En marzo pasado, bajo un acuerdo migratorio entre Estados Unidos y El Salvador, fueron deportados a El Salvador alrededor de 200 personas venezolanas. Las entrevistadas sostienen que no existe ninguna acusación formal ni pruebas en contra de ellos, y que el único “delito” que se les atribuye es ser venezolanos y portar tatuajes. Sus nombres figuran en listas oficiales y en videos propagandísticos del gobierno salvadoreño, pero sus familias no han podido tener contacto directo ni confirmar su estado de salud.
Los testimonios revelan la falta de debido proceso y la utilización política de estas personas, quienes aseguran fueron engañados con promesas de deportación a Venezuela y luego enviados sin explicación al penal salvadoreño. “Esto no es un tema legal, es un movimiento político”, denunció Mora, quien exige junto a otras familias que se respeten los derechos de los migrantes y se realice una revisión justa y transparente de cada caso.
Organizaciones de derechos humanos y las familias afectadas apelan a instancias internacionales como la CIDH para intervenir en estas detenciones arbitrarias. Reclaman que la justicia no puede depender de arreglos políticos entre gobiernos y exigen que se garanticen los derechos fundamentales de las personas migrantes, sin distinción de nacionalidad ni condición migratoria.
Producción: ALER
