El Salvador atraviesa una grave crisis democrática en la que el ejercicio de la defensa de derechos humanos se enfrenta a crecientes riesgos de criminalización. Así lo señaló Gabriela Colocho, del Servicio Social Pasionista, donde advirtió que en el país se ha instalado un discurso oficial que desacredita y estigmatiza a quienes denuncian abusos o exigen garantías fundamentales.
Colocho explicó que el gobierno salvadoreño ha promovido marcos normativos como la Ley de Agentes Extranjeros y nuevas regulaciones que, en lugar de proteger derechos, los restringen, abriendo paso a detenciones arbitrarias, vigilancia y persecución contra defensoras y defensores. En su informe 2024, la Mesa por el Derecho a Defender Derechos registró un alarmante aumento del 136% en los casos de vulneración respecto al año anterior, evidenciando un patrón de represión sistemática.
La defensora denunció además que se utiliza el poder punitivo del Estado para perseguir a quienes defienden causas ambientales, territoriales y sociales. Casos como el de Ruth López y líderes comunitarios detenidos por oponerse a desalojos o a megaproyectos extractivos ilustran cómo la criminalización se ha convertido en herramienta de control político y social en zonas rurales y urbanas.
Finalmente, Colocho hizo un llamado a comprender que los derechos humanos no son una ideología ni un delito, sino consensos universales que garantizan dignidad, seguridad y participación para todas las personas. La situación en El Salvador refleja una peligrosa tendencia regional donde, bajo narrativas de seguridad o desarrollo, se cercenan libertades y se castiga la organización comunitaria, afectando a poblaciones enteras que luchan por su territorio y su vida.
Producción: Kathy Ventura, Donaldo Barahona de ARPAS, El Salvador.
