Al conversar con la experta en seguridad Carla Álvarez sobre la seguridad de jueces y fiscales en contextos de alta criminalidad como el de Ecuador, sostuvo que la protección debe cubrir tanto las amenazas del crimen organizado como los riesgos que enfrentan cuando realizan denuncias dentro del propio sistema judicial. Añadió que esta responsabilidad recae en todo el aparato estatal y advirtió que no puede hablarse de Estado de derecho cuando existe miedo institucionalizado.
Producción: Elba Luzardo, Corape-Ecuador.
