En los últimos años, las economías ilegales han crecido de manera alarmante en América Latina, especialmente en las zonas fronterizas de Bolivia, Chile y Perú. Este fenómeno, vinculado al narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal de oro, ha desencadenado una ola de violencia que afecta a comunidades enteras y desafía la capacidad de los Estados para combatir el crimen organizado.
Según Rubén Vargas Céspedes, exministro de Orden Interno del Perú, el crimen organizado ha alcanzado niveles sin precedentes en la región. «En 22 países de Latinoamérica, vemos un incremento dramático de la violencia, con ajustes de cuentas, secuestros y muertes relacionadas con actividades ilícitas», afirma Vargas. En Bolivia, Perú y Chile, esta realidad se manifiesta con especial crudeza, donde las economías ilegales se entrelazan y se protegen mutuamente.
El narcotráfico sigue siendo una de las actividades más lucrativas. En Perú, el 70% de la cocaína se produce en la región de Apurímac y se transporta en vuelos clandestinos hacia Bolivia, donde estructuras criminales operan con impunidad, especialmente en Santa Cruz. «Bolivia no solo es un país productor, sino también de tránsito para los cárteles internacionales, como el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación», señala Vargas.
Por otro lado, la minería ilegal de oro ha crecido exponencialmente. En Perú, el 40% de la producción de oro es ilegal y gran parte se introduce a Bolivia de manera clandestina. «Bolivia exporta más oro del que produce, lo que evidencia la magnitud del problema», explica el exministro. Este oro ilegal se lava con dinero del narcotráfico, creando un ciclo de ilegalidad que beneficia a las organizaciones criminales.
El contrabando, otra actividad ilícita, se ha convertido en un problema transfronterizo. En la frontera entre Chile y Bolivia, más de 100 pasos no habilitados son utilizados para el tráfico de drogas, autos robados y mercancías de contrabando. Carlos Gajardo, exfiscal del Ministerio Público de Chile, advierte que «la violencia ha aumentado debido a las disputas entre bandas criminales por el control de estas rutas».
Lo más preocupante es la presencia de organizaciones criminales transnacionales, como el Comando Vermelho y el Tren de Aragua, que operan en varios países de la región. Estas estructuras, originarias de Brasil y Venezuela, se han aliado con cárteles internacionales para controlar las rutas del narcotráfico y otras actividades ilícitas. «Estas organizaciones han aprendido a operar de manera descentralizada, subcontratando a clanes familiares y grupos locales para evitar ser detectadas», explica Vargas.
Ambos expertos coinciden en que la corrupción estatal es un factor clave que permite el crecimiento de las economías ilegales. «No puede existir crimen organizado sin complicidad dentro del aparato estatal», afirma Vargas. Desde policías y militares hasta fiscales y políticos, la infiltración del crimen en las instituciones es una realidad que dificulta cualquier esfuerzo por combatir estas actividades.
Las consecuencias de estas economías ilegales son devastadoras. La violencia se ha normalizado en muchas comunidades, y el flujo de drogas, oro ilegal y contrabando distorsiona las economías locales. Además, el consumo de cocaína en países como Brasil, que ya se acerca a los niveles de Europa, representa un desafío adicional para los países productores.
Los expertos insisten en que se necesitan políticas integrales y cooperación internacional para enfrentar este problema. «No basta con medidas aisladas. Debemos atacar las redes de corrupción, fortalecer las instituciones y trabajar de manera conjunta entre los países afectados», concluye Gajardo.
El avance del crimen organizado en América Latina es una amenaza que no conoce fronteras. Mientras las economías ilegales sigan creciendo, la violencia y la impunidad seguirán afectando a millones de personas. La pregunta que queda en el aire es: ¿Están nuestros gobiernos dispuestos a enfrentar este desafío con la seriedad y la voluntad política que se requiere?
Según Rubén Vargas Céspedes, exministro de Orden Interno del Perú, el crimen organizado ha alcanzado niveles sin precedentes en la región. «En 22 países de Latinoamérica, vemos un incremento dramático de la violencia, con ajustes de cuentas, secuestros y muertes relacionadas con actividades ilícitas», afirma Vargas. En Bolivia, Perú y Chile, esta realidad se manifiesta con especial crudeza, donde las economías ilegales se entrelazan y se protegen mutuamente.
Ambos expertos coinciden en que la corrupción estatal es un factor clave que permite el crecimiento de las economías ilegales. «No puede existir crimen organizado sin complicidad dentro del aparato estatal», afirma Vargas. Desde policías y militares hasta fiscales y políticos, la infiltración del crimen en las instituciones es una realidad que dificulta cualquier esfuerzo por combatir estas actividades.
Producción: Inés Gonzales desde ERBOL, Bolivia
