En un fallo histórico para las víctimas de violencia de género, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) condenó al Estado de Nicaragua por no garantizar justicia en el caso del feminicidio de Dina Carrión, ocurrido en 2010.
La sentencia, dictada el 04 de marzo, marca un precedente en la lucha contra la impunidad en casos de violencia hacia las mujeres en América Latina y el Caribe.
Dina Carrión fue asesinada el 3 de abril de 2010 por su pareja, Juan Carlos Siles. Sin embargo, las autoridades nicaragüenses archivaron el caso, alegando que se trataba de un suicidio. Ante esta decisión, la familia de Dina, originaria de Managua, emprendió una exhaustiva investigación independiente que demostró que su muerte fue un feminicidio. A pesar de las pruebas, el Estado se negó a reabrir el caso, lo que llevó a la familia a agotar todas las instancias judiciales nacionales sin obtener justicia.
Tras 15 años de lucha, la familia de Dina llevó su denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y posteriormente a la Corte-IDH, que finalmente emitió su veredicto. La sentencia responsabiliza al Estado de Nicaragua por no investigar adecuadamente el caso y por violar los derechos de Dina y su familia al acceso a la justicia.
Aida Carrión, hermana de Dina, expresó su satisfacción con el fallo y agradeció el apoyo de organizaciones de derechos humanos, colectivos feministas y periodistas que acompañaron a la familia durante este largo proceso. “Esta sentencia es un paso importante, pero aún queda mucho por hacer para que se haga justicia”, afirmó Aida en un emotivo mensaje.
Wendy Flores, abogada defensora de derechos humanos que acompañó el caso desde sus inicios, destacó que esta sentencia no solo busca justicia para Dina, sino que también sienta un precedente para prevenir la impunidad en casos de feminicidio y violencia contra las mujeres en Nicaragua. “Es una victoria para todas las mujeres que luchan contra la violencia de género y la falta de acceso a la justicia”, señaló Flores.
El Estado de Nicaragua no se ha pronunciado sobre la sentencia. Cabe recordar que, desde 2023, el país se retiró de la Organización de Estados Americanos (OEA), argumentando que es un órgano “injerencista y parcializado”. Sin embargo, según expertos en derechos humanos, esta decisión no exime al Estado de cumplir con las obligaciones internacionales derivadas de la sentencia de la Corte-IDH.
La Corte ha dado un plazo máximo de un año para que el Estado de Nicaragua informe sobre los avances en el cumplimiento de la sentencia. Este caso no solo representa una victoria para la familia de Dina Carrión, sino también un llamado de atención para los Estados de la región sobre la urgencia de garantizar justicia y protección efectiva para las mujeres víctimas de violencia.
Producción: ALER
