Bolivia cerró el 2024 y comenzó este año en medio de una polémica por el despido de cuatro funcionarios de áreas protegidas, entre ellos Marcos Uzquiano, reconocido guardaparques y presidente de la Asociación de Guardaparques del país. Uzquiano ha sido destacado por su trabajo en defensa de los parques nacionales y sus denuncias contra actividades extractivas en estos territorios. Su trabajo le ha valido diversos reconocimientos nacionales e internacionales.
Los despidos generaron movilizaciones de instituciones y colectivos que rechazan estas decisiones, calificando al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) como un brazo operativo del modelo extractivista. Además, exigen al Estado boliviano el fin de la persecución hacia los defensores ambientales, quienes enfrentan amenazas constantes para proteger los ecosistemas.
Organizaciones comunitarias, indígenas y ambientales denuncian que las áreas protegidas están siendo vulneradas por intereses económicos, poniendo en riesgo no solo la biodiversidad, sino también los derechos de las comunidades que habitan y dependen de estos territorios. Este conflicto refleja la tensión entre las políticas extractivas y las demandas de justicia ambiental en el país.
Las instituciones movilizadas reiteran su compromiso con la defensa de la Madre Tierra y llaman a la solidaridad internacional para exigir la restitución de los despedidos y el cese de las prácticas que amenazan los derechos humanos y ambientales.
Este caso se suma a una serie de conflictos ambientales en América Latina, donde los territorios son constantemente disputados entre intereses extractivistas y las luchas de los pueblos por su autodeterminación y protección del medio ambiente.
Producción: Julio Rodríguez de Radio Santa Cruz, Bolivia//ALER.
