El derecho al territorio de los pueblos indígenas y comunidades amazónicas volvió a ser motivo de una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos.
La región, de unos 7 millones de kilómetros cuadrados, está siendo amenazada por empresas mineras y petroleras, por proyectos extractivos e hidroeléctricos que ponen en riesgo la vida y el hábitat de poblaciones que ni siquiera son consultadas como lo establecen los tratados internacionales.
Por eso comunidades de Perú, Ecuador y Brasil junto a la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) denunciaron ante los miembros de la CIDH esta vulneración de derechos.
El secretario ejecutivo de la REPAM, Mauricio López afirmó que “la Iglesia no quiere y no debe ser portavoz sino que debe ser puente y acompañante en la defensa integral de los derechos humanos de los pueblos y las comunidades en la Panamazonía”. Y advirtió que la región “es un sitio amenazado por múltiples intereses externos, gubernamentales, corporativos o de explotación ilegal que quieren sacar los recursos sin miramientos de los enormes estragos que causan en la vida de quienes allí habitan”.
López recordó ante los comisionados las palabras del Papa Francisco que dijo que “siempre debe prevalecer el derecho al consentimiento previo, libre e informado” y afirmó que la REPAM ve “la necesidad de que los estados amazónicos respeten el derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”.
A su turno, Sebelio Kayap Jampekit del pueblo Awajún y Wampis de Perú recordó el caso de la adjudicación territorial que hizo, sin consulta previa, el estado peruano a las empresas Pacific Rubiales Energy y Maurel et Prom que “ha generado un conflicto social fuerte en la provincia de Condorcanqui, donde habitamos los pueblos Awajún y Wampis, afectando las aguas, las quebradas, los puquios, peligra el consumo del agua de los niños, hay auyentamiento de animales, peligra la caza, la pesca y la recolección”.
El dirigente contó también que la “la empresa minera Afrodita realiza las operaciones sin que nos hayan consultado a los pueblos indígenas y trae consecuencias en el agua” de la región que utilizan las comunidades. “No tenemos agua potable, se ven peces que están muriendo, la empresa dice que no ellos no están operando pero nosotros sí vemos que están realizando actividades”.
Kayap aseguró que el estado no cumple con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece la consulta previa y son “las empresas transnacionales las que vienen a las comunidades y ellos son los que reemplazan el rol del estado”.
En el final de la audiencia el presidente de la CIDH, Francisco José Eguiguren Praeli, opinó que “la sola verificación de que esta consulta no se ha realizado es una violación manifiesta a un derecho, que amerita el inmediato otorgamiento de una medida cautelar y la suspensión de esas actividades”.
