En los últimos años, la crisis humanitaria compleja que vive Venezuela, ha llevado a millones de personas a abandonar el país, ubicando la migración venezolana como una de las más grandes del mundo en la actualidad.
Para inicios de este 2021, la la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) estimaba que al menos 5.4 millones de venezolanos y venezolanas habían salido del país, lo que representa cerca del 20% de la población total del país. De estos venezolanos y venezolanas en movimiento, la mayoría, casi 4 millones, ha elegido como destino países hermanos de América Latina y el Caribe.
En este contexto, hemos testificado expresiones diversas de xenofobia en varios de los países de acogida. Expresiones que en algunos casos se ha protagonizado por alcaldesas y presidentes, entre otros funcionarios públicos.
Las últimas semanas, la quema de las pertenencias de un grupo de migrantes de origen venezolano en la población fronteriza chilena de Iquique, volvió a poner en la palestra estos actos xenofóbicos, que buscan su justificación en la criminalización de quienes migran, atribuyéndoles responsabilidades que más bien son de los gobiernos de cada país y la eficiencia de sus gestiones para dar respuesta a la atención de las necesidades de las poblaciones.
La criminalización de la migración contrasta con las cifras registradas sobre el valor y el aporte que hace la población venezolana migrante a los países de acogida.
Producción: Iraní Acosta, IRFA – Venezuela
