Perú vive otro momento crucial en la historia de este país. La disolución del congreso por parte del presidente Martín Vizcarra ha sido el clímax de una crisis política donde la principal responsabilidad recae en una mayoría del congreso integrada por fujimoristas y apristas que han buscado boicotear las distintas iniciativas que desmonten prácticas corruptas, principalmente de los allegados al partido de Keiko Fujimori y Alan García. Tras de ellos, están, desde luego, todos los personajes de otros poderes del Estado como el Judicial, otras tiendas políticas y diversos sectores de la sociedad, incluido el sector privado, que están directamente e indirectamente vinculados a procesos de corrupción. En Perú se le conoce con el nombre genérico de La mafia, que pretenden la continuidad de ese orden corrupto que lo han venido normalizando.
Tras la disolución del Congreso éste ha querido ser mostrado como un golpe de estado por esos sectores cuestionados, lo que hasta hoy no ha sido corroborado o respaldo por organismo internacionales como la OEA que en un pronunciamiento de las últimas horas ha considerado “constructivo” que tras la disolución del Congreso se hayan programado las elecciones del nuevo parlamento en los “plazos constitucionales”. En la misma dirección se pronuncio la Iglesia Católica y otras personales.
Un informe de la crisis política en Perú nos lo ofrece la compañera Cyndi Chanduví desde Radio Cutivalú de Piura-Perú.
