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El gobierno de Dina Boluarte le ha pedido a la gente que delate a quienes hacen “apología del terrorismo”, lo que desde el enfoque de derechos humanos es denunciado como una medida arbitraria y discriminatoria. Para ello, el Ministerio del Interior ha dispuesto un correo electrónico y solicita envíen lo que consideran una evidencia en soportes de video, audio, foto o enlaces; pudiendo considerarse delito acciones como tener un libro de sociología u organizar alguna asamblea comunitaria.
El llamado “terruqueo” se refiere a la acusación de cometer actos vinculados a la militancia de izquierda con prácticas terroristas, buscan desmovilizar las protestas sociales, evidenciando una estrategia de clara descalificación política crítica y opositora a quienes ejercen el poder actualmente.
La abogada Cruz Silva del Carpio ofrece un análisis del contexto de la crisis, subraya las más de 60 vulneraciones de derechos humanos que se han registrado en estos dos meses de movilizaciones, a lo que se suma la consideración de 7 regiones del Perú declaradas en emergencia. Las fuerzas policiales y militares irrespetan el debido proceso con impunidad, como lo ocurrido en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde hubo casi dos centenas de personas detenidas arbitrariamente e incluso torturadas, lo que recuerda al periodo fujimorista.
La especialista en derechos humanos, quien también sufriera maltrato policial en el recinto universitario, recuerda que el ejecutivo y el congreso engañaron a la población, cuando indicaron que iban a convocar a elecciones. Hoy por hoy, se mantienen en una postura intransigente: no habrá adelanto de elecciones.
Producción: Luis Enrique Lozada Gallardo, Radio Cutivalú – Perú; María Cianci Bastidas, Coordinación General ALER.
