Los tratados internacionales otorgan a las comunidades originarias de todo el mundo el derecho a la consulta previa, libre e informada, antes de que se avance con cualquier tipo de proyectos que afecten sus territorios. ¿Cumple todos los requisitos el mecanismo que se está utilizando en Costa Rica? ¿Es una mera formalidad para poder avanzar con negocios y obras pretendidas por las empresas? ¿Qué argumentos tiene el gobierno? ¿Qué dicen las comunidades que están en contra?
Informe de Fabiola Pomareda desde la Asociación Voces Nuestras de Costa Rica.
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