El Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (PROVEA) presentó su informe anual de 2023, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Óscar Murillo, coordinador genera de la institución, aseguró que se requiere urgentemente crear un plan de asistencia para las comunidades indígenas, especialmente en la Amazonía del país.
En una entrevista realizada por Radio Fe y Alegría Noticias, Murillo dialogó sobre el informe, especialmente, hizo referencia al capítulo de los pueblos indígenas.
En el documento se registran los principales avances, retrocesos, obstáculos y amenazas para la realización de 14 derechos humanos en el país. La ONG denunció que las políticas de Maduro profundizaron una crisis económica que mantiene a la población en pobreza extrema, con más del 45% de los hogares enfrentando inseguridad alimentaria y un salario mínimo estancado en 130 Bs. (4 USD mensuales) que no cubre las necesidades más básicas de una persona.
“Nos preocupa el empobrecimiento de las comunidades indígenas, al no haber las posibilidades del sustento diario o de una economía que, en respeto de sus propias tradiciones, les permitan garantizar unas condiciones de vida digna”, afirmó el defensor de derechos humanos.
Por otro lado, Murillo señaló que hay una “marcada prolongación” de la emergencia humanitaria compleja y un modelo económico que excluye los derechos sociales, impactando de peor forma a comunidades vulnerables como los pueblos indígenas.
“Nos preocupa el empobrecimiento de las comunidades indígenas, al no haber las posibilidades del sustento diario o de una economía que, en respeto de sus propias tradiciones, les permitan garantizar unas condiciones de vida digna”, indicó el defensor.
Comunidades más afectadas
Agregó que poblaciones indígenas de estados como Delta Amacuro padecen enfermedades endémicas sin la debida asistencia sanitaria.
“La desarticulación absoluta de los entes públicos lleva a que estas comunidades no tengan una atención y un sistema estructural que brinden protección”, señaló.
Por otro lado, en el oeste del estado Bolívar se registra el mayor número de fallecidos en el marco de actividades ilícitas de extracción de minerales, donde indígenas se ven obligados a participar o a huir.
“Hay grupos que se han visto forzados a coparticipar en estas actividades extractivistas, en oposición a sus leyes ancestrales de protección de la tierra. Se consiguen en la disyuntiva, prácticamente de vida o muerte, de te mueres de hambre, te vas de la comunidad o te pasan por encima”, indicó.
De acuerdo con Murillo, se debe dar cumplimiento al derecho de la delimitación de las tierras y activación de la aprobación y entrega de los títulos de propiedad colectiva de los pueblos y comunidades indígenas, tal como lo establece la Constitución.
Además, es necesario un plan articulado y diferenciado de asistencia social para atender a comunidades indígenas que padecen hambre y sufren graves problemas sanitarios.
“Esto debe ser una prioridad absoluta del Estado y de todos los componentes del Estado”, finalizó.
Informa: Ángela Oronoz de Radio Fe y Alegría Noticias, Venezuela.
Fotografía: Pueblos originarios, Venezuela/Vatican News.
