Este domingo concluyó la Cumbre de los Pueblos, un encuentro de seis días que reunió múltiples actividades y contó con la participación de la ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, y del presidente de la COP30. Al cierre, la Cumbre emitió una declaración que identifica al modo de producción capitalista como la causa principal de la creciente crisis climática y señala a las comunidades periféricas como las más afectadas por los fenómenos climáticos extremos.
El documento expresa además la oposición de los pueblos a cualquier “falsa solución” a la crisis climática y advierte que el TFFF, al ser un programa financiado, no constituye una respuesta adecuada. En consecuencia, demanda que todos los proyectos financieros estén sujetos a criterios de transparencia, acceso democrático, participación y beneficios reales para las poblaciones impactadas.
La declaración subraya la necesidad de políticas públicas que permitan avanzar en la recuperación de los Estados y enfrentar los procesos de privatización. En su dimensión propositiva, sostiene que el aire, los bosques, las aguas, las tierras, los minerales y las fuentes de energía no deben permanecer bajo propiedad privada ni ser apropiados, puesto que constituyen bienes comunes de los pueblos. En esa línea, exige la participación y el protagonismo popular en la construcción de soluciones climáticas, reconociendo los conocimientos ancestrales como referencias fundamentales para enfrentar las múltiples crisis que afectan a la humanidad y a la Madre Naturaleza.
Otro eje central del documento es la exigencia de demarcación y protección de tierras y territorios indígenas y de otros pueblos y comunidades locales, a quienes atribuye el rol de garantizar la vida del bosque. Asimismo, plantea la necesidad de alcanzar la deforestación cero, poner fin a las quemas criminales y establecer políticas estatales para la restauración ecológica y la recuperación de áreas degradadas por la crisis climática. La agroecología como garante de la soberanía alimentaria, el combate al racismo ambiental y la construcción de ciudades justas y periferias vivas mediante soluciones ambientales también forman parte de las propuestas dirigidas a los gobiernos reunidos en la COP30.
El documento exige, además, el fin de las guerras y la desmilitarización, proponiendo que los recursos destinados a la industria bélica se orienten hacia la transformación del mundo y la reparación justa y plena de las pérdidas y daños impuestos por proyectos de inversión destructivos, presas, minería, extracción de combustibles fósiles y desastres climáticos.
Entre las propuestas de mayor alcance, la Cumbre llama a poner fin a la explotación de combustibles fósiles y solicita a los gobiernos desarrollar mecanismos que garanticen su no proliferación. La meta: una transición energética justa, popular e inclusiva, con soberanía, protección y reparación de los territorios, especialmente en la Amazonía y otras regiones sensibles para la vida del planeta.
La declaración también reclama un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre derechos humanos y empresas transnacionales, construido desde la realidad de las luchas de las comunidades afectadas por violaciones cometidas. En este marco, afirma que la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) debe constituir uno de los pilares de la gobernanza climática.
Tanto la declaración como la carta resultante fueron presentadas al presidente de la COP30, el embajador André Corrêa do Lago, y al Gobierno Federal de Brasil, representado por las ministras Sônia Guajajara y Marina Silva, y el ministro Guilherme Boulos. Corrêa do Lago recordó la petición del presidente Lula de considerar las voces de la sociedad civil en la COP30 y destacó la importancia de los documentos, que serán llevados a la reunión de alto nivel donde se toman las decisiones.
Corresponsal: Inés Gonzales, ERBOL.
