En Nicaragua se eliminó por decreto presidencial la obligación de las empresas extractivas e industriales de presentar primero un estudio de impacto ambiental antes de iniciar una obra. En la mencionada ley se establece, de manera general, que el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales – MARENA otorgará los permisos de inversión haciendo uso sostenible de los recursos naturales, más no exige por obligación el estudio de impacto ambiental.
Organizaciones ambientalistas rechazaron esta disposición porque consideran que el MARENA ha sido flexible con los permisos a las empresas y además se les da la facilidad de usar los bienes naturales sin antes presentar los estudios de factibilidad ambiental.
El científico nicaragüense Jaime Incer Barquero, que además es asesor presidencial en temas ambientales fue uno de los primeros en oponerse a este decreto porque considera que se violentan las leyes nacionales, los acuerdos y convenios internacionales en materia de protección del medio ambiente y los bienes naturales.
Jaime Incer Barqueo encabeza un movimiento con más de 50 organizaciones sociales que se oponen a este Decreto y llamó a otras organizaciones a sumarse para la defensa del medio ambiente. En este movimiento también está la ex directora de la Empresa Nacional de Acueductos y actual fundadora de la Plataforma por el Agua y la Vida, Ruth Zelma Herrrera quien considera que con este decreto se le da “luz verde” a los empresarios para destruir los bienes naturales. Este decreto le facilita el negocio a las personas que se andan lucrando con los bienes naturales sin importarles el futuro a las nuevas generaciones, denunció Herrera.
El director del ambientalista Centro Humboldt, Víctor Campos dijo que en los últimos años se han reducido las acciones del gobierno por controlar los daños ambientales. El gobierno ha otorgado concesiones que si bien facilitan la inversión no están en concordancia con la armonía ambiental, lo cual es peligroso, sostuvo Campos.
Desde que el Estado Nicaragüense aprobó la ley 840 creadora del proyecto del canal interoceánico en 2013, con facilidades nunca antes vista en el país para la empresa china concesionaria del proyecto, se observa el desprecio al medio ambiente y los recursos naturales denunció por su parte Francisca Ramírez, integrante del Consejo Nacional por la Defensa del Lago, la Tierra y la Soberanía o movimiento campesino como también se le conoce.
Lamentablemente con esta medida del gobierno la ciudadanía se enfrenta a una violación masiva de los derechos humanos, así lo calificó la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH, Vilma Núñez.
Las más de 50 organizaciones sociales firmaron el pronunciamiento número 1, titulado: Por la defensa de la naturaleza y las comunidades”, donde demandan al gobierno retomar su función pública de garantizar el bienestar de la población, eliminar el decreto lesivo y restableciendo el decreto anterior que establece las normativas a los inversionistas para el cuido de los bienes naturales.
