Luego de 3 años de las protestas, el gobierno de Daniel Ortega no da tregua a las organizaciones de la sociedad civil que continuan acusando de haber apoyado el fallido golpe de Estado en 2018. A pesar de que investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) determinaron que no hubo intento de golpe.
A finales de 2018, el gobierno le quitó la personería jurídica y confiscó los bienes a 10 organizaciones, entre las que se encontraban organizaciones de derechos humanos, ambientalistas, centros de investigación, medios de comunicación y defensoras de los derechos de las mujeres. En esta semana continúa el cierre de las organizaciones no gubernamentales, lo cual es considerado por los defensores como un ataque a la libertad de asociación y de expresión. Un total de 24 organizaciones hasta el momento han perdido su estatus de reconocimiento jurídico.
Por su parte, organizaciones denuncian que el retraso y bloqueo gubernamental en la recepción de la documentación ha dificultado los procedimientos respectivos, pese a los esfuerzos y voluntad de la sociedad civil en el cumplimiento de los estatutos y mandatos institucionales.
Declaraciones del diputado de la bancada sandinista, Filiberto Rodríguez; doctor Ricardo Pineda, de la Asociación Médica Nicaragüense y el abogado Juan Carlos Arce del Colectivo Nicaragua Nunca Más.
Producción: Nelson Rodríguez, Radio Universidad – Nicaragua
