Macri avanza contra los trabajadores a pesar del año electoral.
En Argentina el gobierno de Mauricio Macri sigue avanzando contra los derechos de los trabajadores a pesar de que este 2017 serán las elecciones legislativas, conocidas como de medio término porque se dan a la mitad del mandato presidencial. En un año electoral los gobiernos no suelen tomar medidas antipopulares pero el gobierno de los ricos para los ricos, parece tener su propia lógica.
En primer lugar ya anunció que los aumentos salariales no deberán superar el 17 por ciento, cuando se espera una inflación superior al 20 por ciento y cuando el salario viene de perder un 10 por ciento de su poder adquisitivo en 2016.
El gobierno argentino, integrado por muchos ejecutivos de grandes empresas, pretende también volver a la flexibilización laboral que se aplicó en los años 90. Su intención es revisar los convenios colectivos de trabajo que garantizan los derechos y condiciones laborales de cada uno de los sindicatos.
Pero mientras avanza con estos cambios para peor, sus aliados empresarios van haciendo lo suyo. El poderoso grupo mediático Clarín echó a 380 trabajadores de su imprenta AGR, la mayor planta de impresión del país, donde imprime sus principales revistas. La empresa no está en crisis, muy por el contrario, sus negocios mejoraron con el gobierno de Macri. Luego de sufrir la represión policial, los obreros, llevan 2 semanas ocupando la planta en defensa de los puestos de trabajo y recibieron la solidaridad y el apoyo de las centrales obreras y movimientos sociales. Ellos aseguran que se trata de “una prueba piloto” de Clarín y el gobierno, que si les funciona se buscará aplicar al resto del país. Pablo Viñas delegado de los trabajadores aseguró que “acá quieren cerrar para volver a abrir la planta en condiciones absolutamente precaria”.
En igual sentido opina el secretario General del sindicato Federación Gráfica Bonaerense, para quien el conflicto generado en la planta impresora del grupo Clarín también es claramente una prueba piloto “para generar flexibilidad”.
Las centrales obreras tienen posiciones disímiles sobre el momento que se vive. Desde la CTA (Central de Trabajadores Argentinos), sus dos vertientes estuvieron desde un principio enfrentando las políticas del gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo la CGT (Confederación General del Trabajo), que es una central más importante y numerosa, y contiene a gremios estratégicos como los del transporte, tuvo una actitud más complaciente hacia el gobierno en el primer año y no opusieron resistencia ante los despidos, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y el retroceso en derechos.
Por ejemplo, el gobierno firmó un decreto en el que limita el derecho de los trabajadores a llevar a juicio a las empresas por accidentes de trabajo y enfermedades. Las dos CTA expresaron un rechazo rotundo mientras que la CGT dijo que no estaba de acuerdo con que se haga por decreto pero que avalaba el contenido de la reforma legal. Las CTA, dividas hace 6 años, ya piensan en volver a unirse ante el nuevo escenario político y avanzar con un plan de acción. Pablo Micheli, secretario general de la CTA Autónoma asegura que “no hay otra forma de parar el ajuste que no sea con unidad en la acción”.
Mientras distintos sectores le piden a la CGT que convoque a un paro general, desde esa central se nota un cambio de discurso, aunque está por verse si se traducirá en acciones concretas. Por lo pronto ya está claro que el compromiso que ellos firmaron con el gobierno y los empresarios para que no hubiera despidos ya fue incumplido. Febrero parece ser un mes de definiciones tanto para las centrales obreras como para los movimientos sociales.
El gobierno de Mauricio Macri sigue pisoteando derechos laborales, la economía no repunta, el consumo sigue en caída libre, la inflación continúa, alimentada por los nuevos tarifazos en los servicios públicos y algo importante: muchos sectores populares que habían logrado avances ya no tienen tanta espalda para aguantar estas políticas como pudieron hacerlo en 2016.
