La Sala Penal Transitoria de Audiencias de Bagua absolvió a los 52 indígenas que estaban procesados por la muerte de 12 policías ocurridas en junio del año 2009 durante un enfrentamiento de comunidades Awajun y Wampis con las fuerzas policiales.
Para los jueces la fiscalía, que reclamaba condenas a prisión perpetua, no pudo probar la responsabilidad de ninguno de los acusados en los hechos ocurridos en la denominada Curva del Diablo. Concretamente una pericia científica reveló que ninguno de ellos había utilizado armas de fuego, cuando los agentes asesinados recibieron disparos de bala.
La decisión judicial fue celebrada por las comunidades por el sufrimiento y la angustia que pasaron los acusados en estos 7 años.
Hace 7 años los indígenas iniciaron una protesta que incluyó el bloque de la carretera para oponerse a los decretos con los que el presidente Alan García Pérez pretendía aplicar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Esos normas afectaban los derechos territoriales y ambientales de las comunidades, sin que se hubiera realizado consulta previa.
El gobierno de Pérez no accedió al reclamo de los originarios y decidió reprimir con la policía y las fuerzas armadas. En la masacre murieron 34 personas y se abrieron varios procesos judiciales.
El que terminó con la absolución de los 52 indígenas es uno de ellos.
Desde distintos sectores sociales y organismos de derechos humanos apuntan a la responsabilidad del ex presidente y sus ministros en la masacre que por ahora permanece en la impunidad.
