La voracidad capitalista sobre los bienes naturales

2017-09-08

El Extractivismo Minero Energético: ¿Una Opción para el Desarrollo de los Conflictos Socio Ambientales en Centroamérica?

Centroamérica es el foco de múltiples luchas contra el extractivismo, la voracidad del sistema capitalista ha desatado diversas formas de vulneración de los derechos humanos y de la naturaleza. Fuentes de agua, de minería y de producción agroindustrial amenazan la sostenibilidad de la vida con fuertes conflictos territoriales, en el que se fortalece la solidaridad internacional y se lucha por la profundización legítima del Estado de Derecho.

 

Centroamérica fue durante las últimas décadas del siglo XX un escenario de movimientos revolucionarios, que de una u otra forma se revelaron en contra de la imposición de un sistema político, económico y militar hegemónico y asesino que se traducía en condena a las ideas, en persecución política e ideológica, ejecuciones extrajudiciales, torturas, exclusión, saqueo, inequidades, condena a la organización, a la lucha por los derechos y garantías básicas. Nociones como patria, democracia, libertad y justicia, fueron inspiraciones para continuar en la búsqueda de transformaciones por ese otro mundo posible.

Hoy después de más de 30 años, nos enfrentamos a una nueva fase de imposición violenta, en la que lejos de superar las prácticas de décadas pasadas, más bien se ha generalizado y extendido a niveles intolerables[1]. La Violencia derivada del despojo de los territorios, de la privatización del agua, de la destrucción de comunidades y ambientes ecológicos y humanos, de la presencia cada vez más violentas de escuadrones privados de seguridad, en ocasiones con más poder que las fuerzas estatales, así como la criminalización de la protesta social, las detenciones arbitrarias, amenazas, atentados y asesinatos de hombres y mujeres, defensores y defensoras de la Madre Tierra y sus Bienes Naturales, en contra de este modelo depredador y destructor de vida. En definitiva, nos encontramos frente a la voracidad capitalista del modelo extractivista minero energético[2].

Resulta cada vez más evidente cómo el modelo extractivista de materias primas minerales, va de la mano con los grandes emprendimientos de generación de energía Hidroeléctrica, al menos en la región centroamericana. En el 2015 se alcanzaron cifras record tanto en la inversión como en la generación de energía a base fuentes “renovables”, o “limpias”, como la energía, solar y la eólica. De acuerdo a la publicación de la Escuela de Frankfurt, Tendencias Globales en la Inversión en Energías Renovables en 2015[3], por primera vez en la historia la inversión global energías alternativas represento el 63% de la inversión global y, superó con creces a la inversión para la generación de energías a base de combustibles fósiles, carbón y nuclear e Hidroeléctrica juntas. (Ver cuadro).

 Elaboración propia a partir de datos del informe citado: Tendencias Globales en la Inversión en Energías Renovables en 2015.

Esta tendencia global no se refleja en América Central, donde las inversiones más grandes se dieron en energía hidroeléctrica generada por grandes represas. La grave conflictividad que se deriva de la privatización de los ríos y la entrega de los territorios de pueblos ancestrales, ha llevado a la Organización de Naciones Unidas a excluir a este tipo de energía, de la lista de energías “limpias”[4]. Y no es para menos, si se considera que solamente en los últimos años, en la región centroamericana se han asesinado no menos de 50 defensores y defensoras del medioambiente directamente involucrados en acciones de defensa de sus territorios frente al extractivismo minero, así como ante la implantación de represas, la privatización de los ríos.

De acuerdo al más reciente estudio de Global Witness Honduras es el lugar más peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente (Global Witness; 2016). Y es que, la política extractivista de los gobiernos nacionalistas, surgidos con posterioridad al golpe de Estado de junio de 2009, se han caracterizado, entre otras cosas, por el entrega del territorio y los bienes naturales, por unas cuantas migajas y canonjías que les permiten contar con el apoyo de un sector empresarial voraz, coludido con el crimen organizado y acostumbrado a que su voluntad sea ley en Honduras, y en la región, ya sea a través de la compra de conciencias y voluntades vía corrupción, o bien por la fuerza de las armas, el terror, a través del asesinato y la impunidad que les garantiza sistemas de impartición de justicia cooptados por los poderes políticos serviles a la gran empresa. Reflejo de lo anterior es la impunidad en la que permanece el asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres[5], reconocida mundialmente y muchísimas personas más, mártires de la tierra y víctimas del imperialismo capitalista que continúan regando con su sangre una tierra que clama por la justicia y el derecho.

La fiebre por el oro y la energía llegaron a la región como recetas impuestas por los organismos de financiamiento internacional. Para el caso el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a través de su proyecto ARECA (Acelerando las Inversiones de Energía Renovable en Centroamérica y Panamá), se planteó como uno de sus principales objetivos, eliminar las barreras financieras que impiden el desarrollo a gran escala de proyectos para la generación de energía en la región[6]. De manera complementaria la Estrategia Energética Sustentable Centroamericana 2020[7] ha sido el motor para la implementación del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC), mismo que entre otras coas prevé la interconexión de todos los sistemas de generación de energía en cada uno de los países de Centroamérica, lo que permite alinear el mercado de energía para suplir la demanda de las grandes empresas regionales y en el futuro próximo a las economías del norte.

En el siguiente mapa de la Fundación Avina[8] se observa cómo la matriz energética en Centroamérica a diferencia del resto del mundo, continúa promoviendo la energía hidroeléctrica, a pesar de los graves conflictos que ha generado. La matriz energética de Centroamérica se ha transformado aceleradamente gracias a la implementación de grandes proyectos hidroeléctricos en la región, superando a la producida por hidrocarburos. Efectivamente esto representa una menor dependencia de un bien natural cada vez más escaso y propenso a la especulación, como el petróleo, pero de contrapartida implica el incremento de conflictos socio ambientales, por la defensa de los territorios y los ríos.

 

Cuando se analiza la historia reciente de las represas en la región es fácil entender por qué Naciones Unidas no considera la energía hidroeléctrica, como tecnología renovable, limpia o amigable con el ambiente. De acuerdo al Movimiento Mexicano de afectados por las represas, en los últimos 10 años, han sido asesinados no menos de 40 defensores y defensoras de los ríos en Mesoamérica.

Por su parte la organización Global Witness en su informe sobre la situación de defensores y defensoras de Derechos Humanos en el mundo durante el año 2015 (Global Witness; 2016: 8-14), registra cómo la violencia, la criminalización y los asesinatos alrededor de los conflictos mineros y energéticos se ha incrementado de forma alarmante, considerando el 2015 como el año más mortífero de la historia para los defensores del ambiente. El informe refleja cómo en el 2015 se produjo un aumento del 59% de asesinatos de defensores de derechos humanos y ambiente, registrándose un total de 185 asesinatos, lo que implica que se asesinaron un promedio de tres defensores por semana. Igualmente señala como los más afectados por la defensa de sus territorios ancestrales, a los pueblos indígenas enfrentados a las industrias extractivas y mineras con el 40% de los asesinatos registrados. Por su relevancia siguen los conflictos en torno a plantaciones agroindustriales (palma aceitera, soja, caña de azúcar entre otras), con 20% la luchas contra las hidroeléctricas (15%) y la defensa del agua (15%). Otro dato no menos importante es que en cerca del 50% de los asesinatos registrados existió una implicación de la policía y el ejército y en el otro 50% los paramilitares y los guardias de seguridad privada.

Las graves violaciones a los Derechos Humanos generadas directamente por la imposición de este modelo depredador de la vida y los bienes naturales han sido también denunciado y expuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En su informe titulado, Pueblos Indígenas, Comunidades Afrodescendientes y Recursos Naturales: Protección de Derechos Humanos en el Contexto de Actividades de Extracción, Explotación y Desarrollo[9], la CIDH señala que la megaminería, la explotación petrolera, el agronegocio y la construcción de represas, son actividades en las que se violan de manera reiterada y agravada los Derechos Humanos de los pueblos indígenas. Por otra parte, se advierte cómo los gobiernos de América Latina y el Caribe priorizan su alianza con las empresas extractivas por sobre las leyes que protegen a la población y que son de hecho, un obligación convencional irrenunciable de los Estados de la región, cuyo incumplimiento les genera responsabilidad ante su población y ante el mundo, ya que, en no pocos casos la falta de diligencia de los Estados en sus obligaciones de respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos, ha significado en la practica la condena de las comunidades indígenas y campesinas a procesos de empobrecimiento, desalojos de sus tierras y hasta la muerte.

Por otra parte, existe cada vez una mayor conciencia de los impactos generados por la profundización del modelo extractivista de explotación de Bienes Naturales que bajo la irracionalidad del enriquecimiento al menor costo y la acumulación por desposesión, conllevan a la pérdida del territorio, a los desplazamientos forzados y por ende a la fragmentación del tejido social y el debilitamiento de las relaciones entre comunidades humanas y entre estas y su ambiente circundante. A esto hay que agregar la destrucción de ecosistemas enteros y la herencia de contaminación tóxica, degradación ambiental, afectaciones y sobreexplotación de sistemas hidrológicos, enfermedades y pérdida de derechos originarios, que en su conjunto producen daños irreparables a la familia humana y a su casa Común.

La implantación del modelo extractivo, ha sido generador de: (a) graves violaciones a derechos humanos; (b) un acelerado deterioro de los bienes naturales y los medios de vida de las comunidades; (c) una creciente debilidad del Estado para el cumplimiento de sus obligaciones en cuanto a la tutela de los derechos humanos fundamentales de la ciudadanía; (d) mayores niveles de corrupción e impunidad; (e) empobrecimiento y, (f) división de la ciudadanía.

Desde el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) en Honduras, creemos firmemente en la urgencia de involucrarnos en la construcción de alternativas a este modelo de muerte y compartimos las siguientes pistas de acción, recogidas en el Informe de una investigación realizada durante todo el 2015 en tres regiones del país, denominado: Impacto socio ambiental de minería en la región noroccidental de Honduras a la luz de tres estudios de casos[10]:

1. El papel de la institucionalidad pública –o ausencia de la misma– es clave para el éxito o rechazo del modelo extractivo corporativo. Y ese papel se manifiesta de diversas maneras: desde la corrupción evidente hasta la desidia e impunidad.
2. La prevención y solución de los conflictos provocados por la industria extractiva encuentran en el Estado un elemento fundamental de resolución y diálogo, para lo cual se requiere un marco normativo adecuado y adaptado a los estándares internacionales establecidos en la Convención Americana y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y una institucionalidad con la capacidad y la voluntad política de aplicarlo.
3. Las experiencias de resistencia local, el uso de la institucionalidad nacional e internacional, las alianzas, la denuncia y la puesta en marcha de procesos permanentes de fortalecimiento de la organización comunitaria, requieren mayores análisis para extraer lecciones y aprendizajes de resistencia.
4. Es necesario profundizar en un modelo de desarrollo alternativo construido desde y con las comunidades, que dé consistencia a la lucha contra la minería y la defensa del territorio.
5. En el ámbito de los derechos humanos es imprescindible impulsar acciones que obliguen al Estado a cumplir con su deber de prevenir las violaciones mediante la adopción de todas las medidas necesarias de carácter jurídico, político, administrativo y de cualquier otro orden, que promuevan la tutela de tales derechos.
6. La organización comunitaria, las acciones de incidencia y concientización, las denuncias públicas, el acompañamiento y la solidaridad internacional, el uso de los mecanismos nacionales para activar las acciones administrativas y judiciales, permiten fortalecer la lucha comunitaria por la defensa de sus territorios.
7. Es necesario hacer prevalecer el derecho a la información previa y suficiente sobre los proyectos a implementar, así como el derecho comunitario y colectivo a la custodia, uso y disfrute de los bienes naturales como el agua, los bosques, el suelo y la fauna. Este derecho es preeminente al derecho que se deriva de acciones contractuales entre el gobierno y el empresariado minero y energético.
8. En el proceso de búsqueda de legitimación de las concesiones mineras e hidroeléctricas, las empresas y autoridades continúan impulsando campañas asistencialistas, una estrategia que trasciende a la vinculación con iglesias, patronatos y Organizaciones no Gubernamentales (ONG), entre otras entidades. Es necesario evidenciar y denunciar la mutación de estos actores que, mediante dádivas y mecanismos de cooptación y subyugación, asumen obligaciones cuyo cumplimiento corresponde a los Estados.
9. La conflictividad socio ambiental estará presente, en la medida que se continúe impulsando proyectos que generan contaminación, dominación y apropiación de la naturaleza que despojan, vulneran y empobrecen a pueblos originarios, garífunas[11] y campesinos, quienes valoran la naturaleza como “Madre Tierra”, planteamiento que urge reforzar a nivel político e ideológico, económico, social y cultural, como aspecto crucial en la lucha contra la hegemonía del sistema de acumulación capitalista.
10. La ONG Global Witness ha catalogado a Honduras como “el país más peligroso para ser defensor del medioambiente”. El alarmante incremento de este tipo asesinatos se puede entender como una estrategia de terrorismo contra las luchas ambientales y de defensa de territorios.
11. Es urgente impulsar acciones que obliguen a los Estados a implementar medidas concretas de protección a favor de los defensores del ambiente de acuerdo con sus obligaciones convencionales y, al mismo tiempo, eliminar las prácticas para criminalizar e incrementar el riesgo de quienes defienden los bienes naturales.
12. Del lado de las organizaciones sociales se vislumbra la necesidad de impulsar estrategias sostenidas de articulaciones que tengan la flexibilidad de insertarse en las dinámicas locales de defensa de los territorios, y en las dinámicas nacionales e internacionales de incidencia, denuncia y exigibilidad.

 Referencias

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2016): Pueblos Indígenas, Comunidades Afrodescendientes y Recursos Naturales: Protección de Derechos Humanos en el Contexto de Actividades de Extracción, Explotación y Desarrollo. Informe.

Global Witness (2016): En Terreno Peligroso: El medio Ambiente mortal de 2015: Asesinato y criminalización de defensores de la tierra y el medio ambiente en el mundo. Junio. Disponible en https://www.globalwitness.org/documents/18483/En_Terreno_Peligroso.pdf

Movimiento Amplio Dignidad Justicia (MADJ), Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) y otros (2013): Informe presentado a la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la audiencia temática sobre consulta previa y megaproyectos en Honduras. 23 de octubre de 2013. Washington, D.C.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), (s/f): Acelerando las Inversiones de Energía Renovable a través del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Disponible en http://www.hn.undp.org/content/honduras/es/home/operations/projects/environment_and_energy/acelerando-las-inversiones-de-energia-renovable-a-traves-del-bci.html

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y Frankfurt School FS (2016): Global trends in renewable energy investment 2016. In Collaborating Centre for Climate and Sustainable Energy Finance. Copyright Frankfurt School of Finance & Management.

 

 Autor: Pedro Landa[12]/ Equipo de Reflexión e Investigación Comunicación  (ERIC – Radio Progreso)

 

Para leer más puedes acceder al Libro Siembras del buen vivir: Entre utopías y dilemas posibles. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (2016). Quito – Ecuador