Autor: Leonel Herrera, Arpas
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El pasado 5 de mayo se cumplieron tres años de aprobadas las reformas a la Ley de Telecomunicaciones en El Salvador.
Dichas reformas incluyen el reconocimiento legal de los medios comunitarios, la eliminación de las prórrogas automáticas de las concesiones radioeléctricas y la creación de mecanismos alternos a la subasta para asignar frecuencias de radio y televisión. Las reformas también incorporan las nuevas tecnologías de la comunicación e información y actualizan la Ley en varios aspectos financieros, administrativos y técnicos.
La ley reformada sustituye a la caduca, excluyente y antidemocrática ley aprobada en 1998 en el marco de las privatizaciones y demás políticas neoliberales impuestas por los gobiernos de derecha en este país centroamericano.
Sin embargo, la democratización del modelo mediático salvadoreño sigue pendiente a pesar de las reformas. ARPAS y la Red por el Derecho a la Comunicación señalan retrasos en su implementación. Critican, por ejemplo: que aún no ha sido asignada ninguna concesión para medios comunitarios, que la mayoría de concesiones están siendo renovadas por veinte años más y que la digitalización de la televisión ha priorizado los intereses de los actuales concesionarios en detrimento de las posibilidades de ingreso de nuevos operadores que generen mayor diversidad y pluralismo mediático.
En otros países de la región, como Honduras y Guatemala, prevalecen marcos normativos que excluyen a los medios comunitarios y profundizan la concentración de los grandes medios privados.
Por tanto, la democratización de la comunicación y la construcción de modelos mediáticos donde se escuchen todas las voces y se vean todos los rostros es tarea pendiente en América Latina. Incluso, en países donde se aprobaron leyes democratizadoras, como en Argentina y Ecuador, se registran preocupantes retrocesos.
En Argentina, el gobierno de Mauricio Macri ha revertido importantes disposiciones de la Ley de Servicios de Comunicación audiovisual que establecían límites a la concentración; mientras que en Ecuador el gobierno de Lenín Moreno ha hecho que la Ley Orgánica de Comunicación sea letra muerta, al negarse a liberar frecuencias para otorgar a medios comunitarios.
Lo anterior confirmar la necesidad de que los pueblos de nuestra Abya Yala reclamen por su derecho a la comunicación y presionen por marcos jurídicos y políticas públicas que propicien la creación de modelos mediáticos democráticos, sin los cuales no es posible la verdadera democracia.
